La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), reclama que el frenazo en la actividad no se extienda a más sectores, siempre y cuando la crisis sanitaria lo permita y esté garantizada la seguridad de los trabajadores. Según recoge el diario Las Provincias, la preocupación de los empresarios de la CEV se centra en que la factura económica no vaya a más: “El paro total de la actividad supondría un shock total sobre la economía real y una mayor destrucción de puestos de trabajo y, además, impediría el correcto funcionamiento de los sectores esenciales, básicos para hacer frente a la crisis sanitaria”.

En esta misma línea se mostró el presidente del Consell, Ximo Puig, que dio un paso atrás en su petición previa al Gobierno de limitar las actividades no esenciales. A la cuestión de si considera necesario disminuir la actividad productiva al igual que está haciendo Italia, Puig señaló que «se aceleren todas las medidas para que, en aquellas actividades económicas que se están realizando, se tomen también las máximas medidas de seguridad y de conciencia para que no haya ningún espacio por donde se filtre el virus». En cualquier caso, Puig puntualizó que es el Gobierno quien en última instancia dirige las actuaciones.

La preocupación de la CEV se enmarca en una situación muy delicada para la economía valenciana. Uno de cada veinte valencianos está bajo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Hasta la fecha, desde que comenzara la crisis del coronavirus, 15.000 empresas de la Comunitat Valenciana han tomado estas medidas de reducción de plantilla. Según los últimos datos dados a conocer por la Conselleria de Economía Sostenible, los ERTE afectan ya a 98.643 personas. La mayoría de solicitudes se registraron en Valencia, 7.391 para 41.114 trabajadores, seguida de los 5.606 ERTE para 29.495 personas de Alicante y por último Castellón, con 1.853 ERTE y 9.529 afectados.

AYUDAS PARA LOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

El president Ximo Puig anunció que el Consell aprobará en el pleno de este viernes medidas para intentar suplir parte de lo que no cubre el decreto del Estado a los autónomos y empresas afectados por la crisis del COVID-19. La Generalitat pondrá un plan de rescate que complemente al estatal en el que estudian la posibilidad de dar ayudas directas de hasta 2.000 euros por autónomo, entre otras medidas como préstamos participativos.