Uno de los grandes males que acecha a la política es la falta de credibilidad por la falta de coherencia de los cargos y líderes. Y eso llama más la atención cuando ocurre en los llamados "partidos del cambio" que venían a romper con abusos del pasado.

Y es justo lo que le pasa a Compromís. Estos dias, el diario LAS PROVINCIAS, viene destacando que la Generalitat notificó fuera de plazo el reintegro de las ayudas que los Adell Bover, los socios de cabecera de Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, habían recibido para el fomento del valenciano.

Ese error de la Conselleria de Educación, dirigida en ese momento por Vicent Marzà (Compromís), exime a los empresarios de devolver unos 210.000 euros de ayudas incorrectamente justificadas.

En Cope hemos buscado en la hemeroteca y resulta que en aquellas mismas fechas, la jefa de filas de Marzá, la entonces líder indicutible de los nacionalistas, Mónica Oltra, se dedicaba día sí, día también a alardear de que su gobierno no pararía hasta recuperar el último euro del dinero que se había "despistado" en los casos de corrupción o presunta corrupción del gobierno anterior. Era una obsesión.

Hasta el momento, LAS PROVINCIAS ha tenido acceso a dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia en las que se resuelve que la Generalitat no respetó los plazos de los procesos de reintegro. La primera y más importante por la cuantía del dinero que se reclamaba es la que afecta a 170.000 euros procedentes de ayudas a Canal Maestrat y Kriol Produccions, las dos firmas de televisión de los Adell Bover.

Otro de los fallos suma cerca de 4.000 euros. Y existe un tercer pronunciamiento -en su día se iniciaron siete procedimientos de reintegro- de otros 40.000 euros que, en su día, informó Eldiario.

Según explica el diario, "el plazo para reclamar las aportaciones públicas era de 12 meses desde la incoación del expediente, que se abrió el 7 de noviembre de 2019, por lo que el reintegro se debía haber ejecutado antes del 6 de noviembre de 2020. La pandemia de coronavirus provocó que los plazos se suspendieran durante 79 días, por lo que el límite temporal para solicitar la devolución por parte de la Generalitat vencía el 24 de enero de 2021".

La resolución finalmente se dicta el 28 de enero de 2021, cuatro días después de que caducara el procedimiento, con el fin de ampliar un mes más el plazo para solicitar el reintegro. Pero como esa decisión ya se dictó fuera de plazo por parte de la Conselleria de Educación, en manos de Vicent Marzà (Compromís), no tuvo ningún efecto.

Hacve cosa de un mes, la consellera portavoz del Consell, Ruth Merino, anunciaba que la Generalitat está estudiando la sentencia que exime a las empresas de los hermanos Adell Bover de tener que devolver 170.000 euros a la Generalitat con la intención de presentar un recurso “que evite que los valencianos tengan que pagar la inoperancia del Consell anterior”.

“Este Consell no deja de sorprenderse de ver los límites hasta los que podía llegar la inoperancia y la mala praxis de muchas acciones del Gobierno anterior. En este caso son 170.000 euros de todos los valencianos por unas subvenciones al socio del hermano de Ximo Puig que nunca se debieron de conceder”.

La portavoz del Consell se refería de este modo a las cuatro sentencias del TSJCV que eximen a las empresas Canal Maestrat SL y Kriol Produccions SL, propiedad de los socios en el negocio audiovisual de Francis Puig, de reintegrar a la Generalitat los 170.819,98 euros mencionados en concepto de subvenciones porque la Conselleria de Educación se los reclamó fuera de plazo.

Estas, sentencias, que no entran a valorar el fondo del asunto, explican que la Conselleria encabezada entonces por Vicent Marzà pudo haber declarado de oficio la caducidad del expediente abierto una vez se le agotaron los doce meses preceptivos para requerir a las empresas la devolución de las subvenciones. Eso le hubiera permitido al anterior Consell abrir un nuevo expediente de reintegro al encontrarse dentro del plazo de cuatro años que establece la Ley General de Subvenciones.

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“Después de un año entero para reclamarlas, a la Conselleria de Educación se le ocurrió lo peor, que fue reclamarlas fuera de plazo en lugar de caducar el expediente e iniciar uno nuevo porque entonces había posibilidades”, relataba Ruth Merino.

“No sabemos si fue por incompetencia, inoperancia o incluso por connivencia también de Compromís con los socios del hermano de Ximo Puig, pero llegamos a esta chapuza en toda regla que lo que supone es una especie de perdón a determinadas personas a costa de que paguemos ese dinero todos los valencianos”, criticaba la consellera.

Merino explicaba entonces que la Abogacía dispone de 30 días desde la notificación de las sentencias para dar “todos los pasos” y estudiar un posible recurso que permita “recuperar hasta el último céntimo de los valencianos”.