Liberadas 162 mujeres explotadas sexualmente por una red asentada en la Comunidad Valenciana

Una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera ha permitido la liberación de 162 mujeres que eran víctimas de una organización dedicada a la explotación sexual. Esta red operaba en inmuebles y locales que compraban o alquilaban y que posteriormente reformaron para convertirlos en prostíbulos. En total, han sido detenidas 37 personas, de las cuales 9 han ingresado en prisión provisional.

Las detenciones se realizaron en cinco provincias: 22 en Valencia, 4 en Málaga, 4 en Murcia, 4 en Castellón y 3 en Alicante. Además, se llevaron a cabo 39 registros en siete provincias distintas.

La investigación comenzó tras la denuncia de tres víctimas que relataron haber sido explotadas sexualmente en diversas localidades españolas. Gracias a las pesquisas, se confirmó la existencia de una organización criminal que operaba principalmente en la Comunidad Valenciana, aunque había empezado a expandirse hacia otras regiones como Barcelona, Málaga, Murcia y Tarragona.

 EXPLOTACIÓN Y CAPTACIÓN DE MUJERES VULNERABLES  

La red se dedicaba a captar mujeres de origen sudamericano, tanto en España como en sus países de origen. La mayoría de ellas se encontraban en situaciones precarias, sin permisos de residencia ni trabajo, lo que las hacía vulnerables a ser obligadas a ejercer la prostitución en diferentes puntos del territorio español.

 OBJETIVO:REFORMA DE LOCALES PARA SU ACTIVIDAD  

Para llevar a cabo su actividad, la organización adquiría o alquilaba inmuebles, a veces a través de sociedades mercantiles creadas para este fin. Estos lugares, que en ocasiones se camuflaban como locales de masajes, eran principalmente viviendas unifamiliares o locales comerciales que reformaban para alojar a las víctimas. Estas mujeres dormían hacinadas, muchas veces en literas o incluso en la misma cama donde atendían a los clientes, en condiciones de habitabilidad deficientes, con mala ventilación y espacios cerrados.

Cada inmueble contaba con encargadas que supervisaban a las víctimas las 24 horas, gestionaban el cobro a los clientes, facilitaban drogas a quienes las solicitaban y atendían las llamadas telefónicas vinculadas a anuncios en webs especializadas, reportando a los responsables superiores.

 CONTROLADAS Y VIGILADAS  

Las mujeres solo podían salir dos horas diarias, siempre por la mañana, y debían estar disponibles permanentemente. Los líderes de la organización supervisaban en tiempo real los locales mediante sistemas de videovigilancia instalados en el interior. La organización se quedaba con el 50% de los ingresos por cada servicio, mientras que el resto correspondía a las víctimas, aunque estas podían ser multadas por diversas razones.

Las víctimas eran rotadas y trasladadas entre diferentes prostíbulos según los intereses de la red. Además de los locales ya identificados, la organización había abierto nuevos establecimientos en Cataluña, Murcia y Málaga.

 JERARQUÍA INTERNA  

La investigación reveló que la organización estaba dividida en tres niveles jerárquicos. En la cima se encontraban los líderes, que mantenían vínculos familiares o sentimentales, y que eran propietarios o arrendatarios de los inmuebles, obteniendo los mayores beneficios. El segundo nivel lo componían personas de confianza responsables de supervisar los locales, gestionar la recaudación y coordinar a las encargadas. Finalmente, el tercer nivel estaba formado por las encargadas, conductores, responsables de las reformas y distribuidores de estupefacientes.

balance final

La operación culminó con registros en 39 inmuebles ubicados en Valencia, Alicante, Castellón, Barcelona, Málaga, Murcia y Tarragona, incluyendo las viviendas de los once máximos responsables y los locales donde se explotaba a las víctimas. Durante los registros se incautaron 141.000 euros en efectivo y tres vehículos.

 BLANQUEO DE CAPITALES   

Paralelamente, el Área Regional de Vigilancia Aduanera en Valencia abrió una investigación patrimonial sobre la organización y sus posibles delitos de blanqueo de dinero. Se identificaron a las personas que controlaban las sociedades pantalla usadas para canalizar los beneficios ilícitos.

Esta investigación continúa abierta y se están analizando los datos bancarios y la documentación incautada en los registros, incluyendo contabilidades detalladas y ordenadores con las cuentas organizativas de los líderes y sus colaboradores.

Además, se localizaron y bloquearon bienes muebles e inmuebles, así como más de 60 cuentas bancarias relacionadas con los presuntos responsables, con el objetivo de asegurar el decomiso de estos activos.