Catalá amenaza con acudir a los tribunales por el bloqueo de la Zona de Bajas Emisiones

La aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Valencia se encuentra en un punto muerto después de que VOX, PSPV y Compromís votaran en contra en el pleno municipal. Ante esta situación, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha advertido que podría acudir a los tribunales si el bloqueo persiste y se genera una sanción por parte de Europa.

Cruce de acusaciones

La alcaldesa ha defendido la postura de su partido, asegurando que "por mí hubiera habido ordenanza aprobada de zona bajas emisiones". Catalá ha señalado que el Grupo Popular "ha sido el único grupo responsable" y ha acusado a la oposición de incorporar a la negociación "proyectos urbanos que nada tienen que ver con esa ordenanza concreta".

Por mí hubiera habido ordenanza aprobada de zona bajas emisiones"

María José Catalá 

Alcaldesa de Valencia

Como respuesta, la concejala socialista María Pérez ha afirmado que la obligación de cumplir la ley es de la alcaldesa. "La responsabilidad de cumplir con la ley y tener una zona de bajas emisiones que mejore la calidad del aire es de la alcaldesa y del Partido Popular", ha declarado Pérez, añadiendo que también es su deber llegar a acuerdos y evitar la pérdida de "115 millones de euros".

La responsabilidad de conseguir llegar a un acuerdo con el resto de partidos políticos también es de la alcaldesa y del Partido Popular"

María Pérez

Concejala del PSPV-PSOE

Las claves del bloqueo

Las negociaciones se han estancado por varias exigencias. Compromís solicitó como condición para su apoyo que la calle Colón volviera a tener un único carril para el vehículo privado, una propuesta que no fue aceptada.

Por su parte, el PSPV pidió acortar tiempos y ser más exigentes, a lo que el Partido Popular se abrió a cambio de que los socialistas retiraran su proyecto del corredor verde, sin que se llegara a un acuerdo. Mientras, VOX pide directamente que la ZBE no se aplique o, en su defecto, que no se sancione a los vehículos.

La cuenta atrás para los fondos europeos

El tiempo corre en contra del consistorio, que necesita tener la normativa en marcha antes del 1 de enero de 2026 para no perder una financiación europea que asciende a cerca de 150 millones de euros. Antes de esa fecha, el ayuntamiento debe establecer el calendario de aplicación de las restricciones de acceso al centro de Valencia según la etiqueta medioambiental de los vehículos.