El PP, que ejerce la acusación popular, pedirá al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia que prorrogue durante otros seis meses la instrucción de la causa abierta a Francis Puig, hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig, por un supuesto delito de fraude de subvenciones y falsedad documental.

El próximo 29 de enero concluye el plazo de seis meses acordado como prórroga tras los doce meses de instrucción iniciales, y aunque la instrucción se encuentra avanzada y no quedan más diligencias pendientes que un informe económico por parte de la UCO, es posible que la instrucción no haya finalizado para ese momento.

Por este motivo, según fuentes del partido, el representante legal del PP en este proceso solicitará una nueva prórroga, que permita seguir investigando y ampliar, en caso de que sea necesario, la información que se prevé que aporte la Guardia Civil.

Ese informe debe cuantificar las subvenciones recibidas por las empresas manejadas por Francis Puig y determinar, en caso de que se observe alguna irregularidad, si se puede haber producido un fraude de subvenciones que deba ser investigado en la vía penal o, en su defecto, se trate de un asunto susceptible de recibir alguna sanción administrativa.

El pasado mes de julio esa prórroga se acordó por el juez con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, aunque recientes cambios en este departamento han puesto al frente del caso a otra fiscal.

Hasta el momento, los agentes de la UCO han recabado documentos de la Generalitat Valenciana, el Gobierno catalán y aragonés, así como documentación mercantil de los representantes procesales de los investigados y de la Agencia Tributaria, además de otras diligencias pendientes.

También han reclamado a diversas entidades bancarias los movimientos efectuados en las empresas dirigidas por Francis Puig entre 2014 y 2018.

La investigación judicial, que nace de una querella presentada por el PP, se centra en las subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del president desde la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Aragón.

En la causa constan como investigados tanto Francis Puig como el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano. En concreto, se investigan subvenciones para el fomento del valenciano, para el fomento del empleo joven, para la edición de medios informativos digitales en catalán o en aranés y ayudas Leader para el desarrollo local.