La Plataforma per la Llengua (autoproclamada como la «ONG» del catalán) ha presentado una denuncia contra dos agentes de la Guardia Civil de la localidad de Tavernes de la Valldigna por abuso y discriminación lingüística, ya que, al parecer impidieron a dos jóvenes expresarse en valenciano.

En esta denuncia, en la que se reclaman sanciones para ambos agentes, ha sido presentada ante la Subdelegación del Gobierno en València y también ante la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat Valenciana,según ha informado la plataforma.

Los hechos se produjeron el pasado 29 de diciembre, cuando el vehículo en el que viajaban cuatro personas fue parado por una patrulla de la Guardia Civil para practicar un control de alcoholemia y consumo de drogas. Según la denuncia, el conductor del vehículo dio las buenas tardes al agente en valenciano y éste respondió: «A mí me habla en español, que estamos en España».

El joven respondió que «podemos hablar en valenciano, porque estamos en Valencia», a lo que el agente respondió, siempre de acuerdo con esta versión, con una amenaza: «Si continúa hablándome en valenciano no nos vamos a entender y me lo llevaré al cuartel. Me va hablar en español».

Una de las jóvenes ocupantes del coche se dirigió a otros jóvenes que viajaban en otros vehículos y que aguardaban para someterse a los controles, momento en el que el segundo de los guardias le dijo que si "incitaba" a otros a hablar en valenciano estarían "obstruyendo a la autoridad" y "serían llevados a un cuartel".

Según ha afirmado Manuel Carceller, portavoz de la Plataforma per la Llengua, "los guardias civiles entendieron perfectamente la expresión en valenciano de las personas retenidas pero consideraron un acto de desobediencia la expresión normal en valenciano”.

“Son hechos que hay que considerar como muestras de prejuicio ideológico, impropios de unos miembros de un cuerpo de seguridad del Estado", lamentan.

"Los guardias civiles y el resto de las fuerzas de seguridad, por ley, tienen que garantizar la atención al ciudadano en la lengua que este solicite, siempre que esta sea oficial en el territorio", ha agregado.

"En todo caso, un trabajador público no tiene el derecho de exigir a un ciudadano que no hable su lengua, cuando se trata de una lengua oficial, ni puede amenazarlo, ni intimidarlo en un servicio por esta razón".