Desalojo de okupas récord en un pueblo de Valencia: el motivo por el que la jueza tomó esta decisión tan rápida
Los responsables de la okupación, una familia extranjera de cinco miembros, presentó la prueba sin saber que estaban cometiendo el error que les inculpaba
Okupaciòn
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En Cullera, la justicia ha marcado un precedente inusual con un desalojo exprés que sorprendió tanto a los okupas como a los vecinos del municipio. Una magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca ordenó el pasado martes el desalojo inmediato y urgente de una vivienda en apenas tres días, algo poco habitual incluso en los procedimientos más rápidos de la jurisdicción civil.
La vivienda pertenecía a una mujer de 88 años, en estado vegetativo y residente en una geriátrica desde hace tiempo. Los okupas, una familia peruana compuesta por tres adultos y dos menores, trataron de justificar su permanencia en la casa mostrando un contrato de alquiler que, lejos de exonerarles, terminó siendo la prueba clave en su contra.
El contrato que los delató
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Cuando la Guardia Civil se presentó en la vivienda, los ocupantes mostraron un contrato fechado el 7 de agosto de 2025, donde aparecía la supuesta firma de la propietaria. El problema es que la anciana llevaba meses incapacitada y no podía haber firmado ningún documento. La falsificación era tan evidente que se convirtió en el detonante de la investigación.
Los parientes de la dueña denunciaron que probablemente la documentación había sido sustraída del buzón de la vivienda. Una práctica que, según ellos, se repite en algunos casos de okupación ilegal para dar apariencia de legalidad y ralentizar el desalojo. Sin embargo, en esta ocasión, el intento de engaño se volvió en contra de los propios ocupantes.
La rapidez de la justicia
El 15 de agosto, una de las hijas de la propietaria descubrió la okupación al comprobar que habían cambiado la cerradura de la casa familiar. Tras alertar a los agentes, estos no pudieron actuar de inmediato porque los okupas exhibieron el contrato manipulado. La recomendación fue clara: denunciar por usurpación de inmueble y solicitar el desalojo urgente.
Aumentan los casos de inquiokupación
La denuncia se formalizó al día siguiente con el apoyo de la abogada Reyes Albero y del hermano de la anciana, copropietario de la vivienda. En un plazo récord de tres días, la jueza autorizó la expulsión y facultó a los agentes a usar “la fuerza mínima indispensable” si había resistencia.
El martes, la Guardia Civil notificó la orden judicial. Los ocupantes recogieron sus pertenencias y abandonaron la casa ante la atenta mirada de los herederos, que inspeccionaron el interior en busca de posibles daños o robos. En una de las habitaciones encontraron enseres y ropa acumulada, lo que evidenció que los okupas habían tratado de instalarse de forma permanente.
Okupación
El caso ha generado debate en Cullera y alrededores, donde vecinos y juristas coinciden en señalar que no suele ser tan ágil la respuesta judicial en situaciones de okupación. La clave, en este caso, fue el error de los propios ocupantes, que presentaron como defensa el contrato falso que los incriminaba.