La organización contaba con un entramado empresarial de más de 39 sociedades, de las cuales 10 de ellas eran sociedades “offshore”, radicadas en las islas Seychelles, Estados Unidos y Chipre, estafando a más de 226 personas, 5 entidades bancarias y 7 empresas financieras y rentings.

 

La actuación de la Guardia Civil se inició en noviembre del 2016 cuando los agentes observaron a personas muy jóvenes con un nivel muy alto de vida, viviendas de lujo y vehículos de alta gama e incluso con escoltas de seguridad privada.

 

Durante la operación se han realizado un total de 6 registros, donde se han intervenido 15 vehículos de alta gama y una embarcación valorados en 362.000 euros, maquinaria industrial valorada en más de 670.000 euros, joyas y material electrónico por valor de 80.000 euros, 270 cuentas bancarias (bloqueándose judicialmente 111 cuentas) y 21 cuentas localizadas en paraísos fiscales (Islas Granadinas, Venezuela, Alemania, Malta, Panamá, Chipre, Islas Mauricio, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos). Se han descubierto inversiones en 7 plataformas internacionales de criptomoneda.

 

Modus Operandi: 

La organización empleaba varias formas de estafa, en la primera defraudaban a personas físicas a nivel nacional, captándolas a través de portales Web de prestamos online, mediante financiaciones de créditos al consumo empleando empresas pantalla y facturas falsas, engañando a las financieras y a las personas físicas. El engaño consistía en que la organización criminal convencía a la persona perjudicada en pedir un préstamo de unos 5.000 euros, de los cuales realmente solo recibía 3.000, aunque sumando intereses y comisiones se comprometía al pago de unos 8.000 euros, Esto lo realizaban aprovechándose del estado de necesidad de la persona afectada.

 

En la segunda los autores estafaban a las financieras y rentings mediante la compra ficticia de material industrial y software, participando en el engaño las empresas financiadas. Las cantidades defraudadas rondaban los 100.000 euros a cada empresa, lo cual ha repercutido negativamente en las empresas que han participado del engaño, siendo que muchas han entrado en concurso de acreedores ante el gran endeudamiento de las mismas, con la correspondiente puesta en peligro de los puestos de trabajo de sus empleados.

 

En la tercera, la organización creó sociedades en paraísos fiscales, empresas financieras con apariencia de bancos internacionales y portales web para captar liquidez, sorteando cualquier tipo de control al movimiento de capitales, emitir avales y captar pasivo en depósitos bancarios, engañando a los clientes de los supuestos bancos que creían que se trataban de entidades reales. Estos bancos ficticios ofrecían intereses muy por encima del mercado bancario. Todo el sistema informático utilizado por las entidades bancarias ficticias fue adquirido en Panamá y el servidor utilizado era uno de los más seguros del mundo ubicado en Nueva Zelanda.

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Los autores empleaban un banco internacional ficticio denominado IRB PRIVATE BANK con sede en Seychelles. IRB PRIVATE BANK emitió avales bancarios a nivel internacional por valor de 509 millones de euros, identificándose un capital social de 10 millones de dólares en las islas Seychelles y 53 millones de euros en el estado de Delaware (Estados Unidos).

 

El total hasta el momento, el importe detectado de lo estafado a particulares y entidades financieras supera los 20.000.000 euros. La investigación ha durado más de un año y medio, la cual ha sido muy compleja por la gran cantidad de empresas y cuentas bancarias que habían creado los detenidos, resultando hasta el momento la detención e investigación de 29 personas en Castellón, Madrid, Sevilla y Barcelona.

 

Cinco de los detenidos han quedado ingresados en prisión. Dado los numerosos archivos informáticos intervenidos, alguno de ellos encriptadas, no se descartan nuevas intervenciones y detenciones a resulta de su contenido.

 

Con esta operación se ha descubierto una de las mayores estafas masa a nivel nacional. El Juzgado encargado de las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón. La operación ha sido realizada por efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón.