¿Plátano o banana?: el engaño desde Alicante a miles de consumidores

La Guardia Civil ha destapado un presunto fraude alimentario de gran escala en una empresa de la provincia de Alicante. La mercantil está siendo investigada por comercializar banana importada como si fuera Plátano de Canarias con Indicación Geográfica Protegida (IGP), lo que supone no solo una práctica ilegal, sino también un engaño directo al consumidor.

La operación, llevada a cabo por el SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, se inició tras la denuncia de la Asociación de Productores de Plátano de Canarias, que alertó de la venta irregular de fruta bajo su marca registrada. La empresa tenía retirada la autorización para comercializar productos bajo esa denominación, pero, aun así, continuó vendiendo partidas de banana, provenientes de países como Portugal, simulando que se trataba de plátano canario, un producto protegido por normativa europea.

El Plátano de Canarias con IGP es un producto certificado por sus condiciones de cultivo y calidad diferenciada, lo que le otorga un precio de mercado más del doble que el de la banana convencional. Por ello, la suplantación no solo representa una infracción administrativa, sino también un importante fraude económico, tanto para los consumidores como para los productores legítimos. Inspecciones en varias ciudades españolas

Las primeras inspecciones se realizaron en las propias instalaciones de la empresa, donde los agentes del SEPRONA examinaron cámaras de conservación y maduración. Posteriormente, la investigación se extendió a establecimientos en Alicante, Valencia, Vigo y Bilbao, donde supuestamente se distribuyó el producto.

Durante las pesquisas, los agentes constataron que la empresa había falsificado facturas, documentos de trazabilidad y etiquetas, con el objetivo de eludir el control de la administración y de la entidad certificadora. Estos métodos les permitieron continuar vendiendo producto falsamente etiquetado como Plátano de Canarias, a pesar de que ya se le había retirado la autorización en el pasado por irregularidades previas.

Solo en el año 2023, se documentó la venta de casi 2.000 toneladas de banana por parte de la mercantil investigada, gran parte de la cual no pudo acreditar una comercialización regular o autorizada. Cargos y sanciones posibles

A la empresa se le imputan cuatro delitos:  contra la propiedad industrial, falsedad documental, contra el mercado y los consumidores y por el uso   indebido de una denominación de calidad protegida.

Las diligencias judiciales han sido puestas en manos del Juzgado de Instrucción de San Vicente del Raspeig. Además de la vía penal, la investigación ha dado lugar a la apertura de expedientes sancionadores por infracción del Reglamento (UE) 2024/1143, que protege las indicaciones geográficas de productos agrícolas. Las sanciones económicas podrían oscilar entre 4.001 euros y 3 millones, en función de la gravedad y volumen del fraude. Una operación con dimensión internacional

La operación ha contado con la colaboración del Servicio de Control de Calidad Agroalimentaria de la Generalitat Valenciana y el intercambio de información con autoridades internacionales a través de Europol, lo que refuerza la importancia del caso en el contexto de la lucha contra el fraude alimentario en la Unión Europea.

Desde el SEPRONA recuerdan que este tipo de prácticas no solo constituyen un delito económico, sino que también dañan gravemente la confianza del consumidor y perjudican al pequeño productor, en especial cuando se falsifica una marca protegida que representa el esfuerzo de cientos de agricultores y una identidad territorial.