La nueva norma turística de Alicante entra en su recta final: el Pleno votará en diciembre los límites por barrios

El Ayuntamiento de Alicante ha dado un paso clave en la nueva regulación de los alojamientos turísticos. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el informe ambiental y territorial estratégico que permitirá llevar a Pleno la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) el próximo mes de diciembre.

Esta aprobación inicial es una condición indispensable para mantener la moratoria en la concesión de licencias a viviendas de uso turístico durante un segundo año, mientras se completa la tramitación definitiva de la nueva normativa.

El vicealcalde, Manuel Villar, ha expuesto que el objetivo es "conseguir el equilibrio entre la vida cotidiana de los residentes y la actividad turística, garantizando que los residentes puedan seguir viviendo en sus barrios, el acceso a la vivienda en sus diferentes modalidades, al trabajo y a los servicios y espacios públicos”.

Conseguir el equilibrio entre la vida cotidiana de los residentes y la actividad turística"

Manuel Villar

Vicealcalde de Alicante

Limitación en zonas saturadas

La nueva normativa establece un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante y prohíbe la creación de nuevas plazas en las secciones censales que ya se consideren saturadas. La situación de cada zona se revisará anualmente.

En las zonas que no estén saturadas se podrán autorizar nuevas plazas, siempre bajo controles que aseguren que no se supera el umbral máximo establecido por el consistorio.

Sin embargo, la regulación contempla excepciones importantes. Los hoteles de 4 y 5 estrellas no se verán afectados por estos límites, mientras que los hoteles de 3 estrellas contarán con un régimen especial que eleva el límite a 0,32 plazas turísticas por habitante.

Esta medida responde a una apuesta por un modelo de excelencia turística que prime la calidad sobre la cantidad. Se busca así incentivar una oferta que genere empleo estable y de mayor valor añadido, atrayendo a un visitante menos estacional y más respetuoso con el entorno.

Protección al comercio y los vecinos

Otro de los puntos clave de la normativa es la prohibición de implantar usos turísticos en las plantas bajas de los principales ejes comerciales y cívicos de la ciudad. El objetivo es proteger y favorecer el comercio de proximidad como elemento fundamental para la cohesión social.

Desde el Ayuntamiento se señala que el aumento de alojamientos turísticos en bajos puede desplazar a los comercios tradicionales por su mayor rentabilidad. Este fenómeno, explican, conlleva el riesgo de pérdida del tejido comercial de barrio y de vaciamiento funcional de los espacios urbanos.

Finalmente, la regulación exigirá que los establecimientos turísticos ubicados en edificios residenciales dispongan de un acceso independiente y exclusivo. De esta forma, no podrán compartir espacios comunes con el resto de los vecinos del inmueble.

Con ello se pretende garantizar la seguridad y tranquilidad de los residentes, separando los flujos de turistas de los propietarios y reduciendo al mínimo la interacción en las zonas comunes del edificio.