Inquilinos desesperados en Alicante: por qué 55 personas luchan por cada piso en alquiler

Dos años después de la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada el 24 de mayo de 2023, la situación del alquiler en España, lejos de mejorar, ha empeorado de forma significativa. En especial en provincias como Alicante, donde la combinación de falta de oferta, aumento de la demanda y subidas de precios está generando un escenario cada vez más complicado para jóvenes, familias y personas vulnerables que buscan una vivienda.

La norma, impulsada por el Gobierno con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, ha permitido que las comunidades autónomas declaren zonas de mercado tensionado, con la posibilidad de limitar el precio de los alquileres. Sin embargo, esta medida ha provocado un efecto contrario al deseado: el alquiler residencial, la principal vía de acceso a la vivienda para la mayoría de los ciudadanos, se ha desplomado. 

 Alicante: un mercado que se encoge  

En 2022, la provincia de Alicante ofrecía un total de 41.348 viviendas disponibles para arrendar. Dos años después, esa cifra ha caído hasta las 34.126. Y las previsiones para este 2025 no son mejores: se espera que la oferta se reduzca aún más, hasta rondar los 33.172 inmuebles, lo que supondría una caída del 20% respecto a los niveles previos a la ley.

Esta reducción está generando un desequilibrio cada vez mayor entre oferta y demanda. Según los datos del Observatorio del Alquiler, antes de la pandemia cada vivienda en alquiler en Alicante recibía una media de 20 solicitudes en los primeros diez días. Hoy son ya 55 los interesados, aunque durante 2023 se alcanzó un pico alarmante de hasta 84 personas compitiendo por un mismo piso. La presión del mercado es evidente.

A ello se suma un aumento sostenido de los precios. Si antes de la entrada en vigor de la ley, el alquiler medio en Alicante se situaba en 737 euros mensuales, ahora se ha disparado hasta los 974 euros, un 32% más en apenas dos años. Un incremento que pone contra las cuerdas a buena parte de la población, especialmente a quienes tienen ingresos medios o bajos.

Los efectos de la ley: inseguridad, fuga de propietarios y viviendas vacías  

La aprobación de la Ley de Vivienda ha introducido cambios en 36 aspectos que afectan al arrendamiento urbano. Y uno de sus principales efectos ha sido una creciente inseguridad jurídica para los propietarios. Muchos de ellos, ante la falta de protección legal y el control de precios, han optado por retirar sus inmuebles del mercado de alquiler residencial.

Algunos han migrado hacia el alquiler temporal, que no está sometido a las restricciones de la ley; otros han vendido directamente sus propiedades o incluso las han dejado vacías. En ciudades como Barcelona, el número de viviendas vacías se ha disparado del 1,2% al 9,3% del parque inmobiliario. Aunque en Alicante no se han publicado aún cifras similares, expertos del sector ya alertan de un fenómeno parecido en zonas como el centro histórico, el barrio de San Blas o Playa de San Juan.

El resultado: menos oferta y más presión, que se traduce en precios inasumibles. 

A nivel nacional, los datos son igualmente preocupantes. Desde la entrada en vigor de la ley, la oferta de alquiler residencial ha caído en más de 120.000 viviendas. Al mismo tiempo, el precio medio del alquiler en España ha aumentado un 26,5%, situándose en 1.146 euros al mes, con cifras récord en provincias como Barcelona (1.641€), Baleares (1.649€) y Madrid (1.558€). Alicante, aunque aún por debajo de estas cifras, no está lejos.

Los expertos coinciden en señalar que la norma, lejos de cumplir su promesa de facilitar el acceso a la vivienda, ha provocado un daño profundo al mercado del alquiler residencial. Una opción que, hasta ahora, ofrecía estabilidad y seguridad tanto a inquilinos como a propietarios.

Además, la ley ha generado una brecha con los pequeños propietarios, la mayoría del mercado español, que necesitan los ingresos del alquiler para pagar hipotecas o complementar sus pensiones. Ante la incertidumbre y las trabas legales, cada vez más propietarios optan por no alquilar. 

¿Y la vivienda pública? Un parche insuficiente  

Uno de los objetivos de la ley era también aumentar la vivienda pública. Sin embargo, el crecimiento registrado, del 2,5% al 3,4% del parque total, se debe en gran parte a la incorporación de viviendas asequibles de titularidad privada, no a una verdadera apuesta por la construcción de vivienda social.

En España, solo 318.000 viviendas son públicas. Y aunque se han anunciado planes ambiciosos, como el de Cataluña de alcanzar un 15% de viviendas para políticas sociales en veinte años, la realidad es que la media europea está en el 8%, muy por encima del nivel actual español. 

Conclusión: urgen medidas para recuperar el alquiler residencial  

La provincia de Alicante es uno de los mercados más dinámicos del país, pero también uno de los más afectados por los efectos no deseados de la Ley de Vivienda. A día de hoy, miles de familias, jóvenes y trabajadores alicantinos encuentran cada vez más dificultades para alquilar una vivienda digna y asequible.

La caída de la oferta, la presión creciente de la demanda y el encarecimiento de los precios están provocando un escenario insostenible que amenaza con consolidarse si no se adoptan medidas urgentes.

Desde el Observatorio del Alquiler insisten en que es necesario reequilibrar el mercado, recuperar la confianza de los propietarios, proteger el alquiler residencial y aumentar de verdad el parque público de viviendas. De lo contrario, el acceso a un hogar seguirá siendo un privilegio para unos pocos y un imposible para la mayoría.