La Guardia Civil destapa en Alicante un poblado ilegal con vertidos contaminantes en suelo inundable

Lo que a simple vista parecía un apacible complejo vacacional rodeado de huerta, con calles asfaltadas, jardines cuidados y casas móviles ordenadas como si de un pequeño barrio se tratase, escondía una realidad muy distinta: un residencial ilegal levantado en suelo protegido y responsable de vertidos contaminantes que afectaban a una acequia agrícola. 

El hallazgo ha sido fruto de una denuncia anónima que llegó a la Guardia Civil, alertando de la presencia de aguas residuales sin depurar vertidas directamente a una acequia, conocida en la zona como azarbe, utilizada para evacuar aguas sobrantes de riego. Los agentes del Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de Alicante iniciaron entonces una investigación que ha acabado destapando un entramado urbanístico y medioambiental de grandes dimensiones.

El análisis pericial de las muestras de agua confirmó lo peor: las sustancias vertidas presentaban un alto poder contaminante, capaces de alterar gravemente el equilibrio del sistema natural y de afectar de forma directa a la agricultura local, base económica de buena parte de la Vega Baja. Con esos resultados sobre la mesa, la Guardia Civil activó la operación Castramar, centrada en esclarecer la magnitud del complejo y la responsabilidad de sus gestores. 

Un “resort” ilegal con apariencia de urbanización  

Durante las inspecciones, los agentes comprobaron que el recinto funcionaba en la práctica como un núcleo urbano completo. En el interior se contabilizaron alrededor de 60 casas móviles o mobil homes distribuidas a lo largo de tres calles asfaltadas, con alumbrado, conexión eléctrica, suministro de agua, red de saneamiento e incluso una pequeña oficina de recepción.

El complejo contaba también con bar-restaurante, piscina, fregaderos, duchas, aseos y zonas deportivas, replicando los servicios de un camping o urbanización convencional. Pero nada de ello tenía respaldo legal: ni licencias de obra, ni permisos urbanísticos, ni autorizaciones medioambientales. Todo estaba construido en suelo no urbanizable y en una zona catalogada como potencialmente inundable.

Muchas de las viviendas, además, habían sido ampliadas con porches, terrazas, cerramientos o cocheras, aumentando aún más el impacto sobre el terreno. En el recinto se constató la residencia permanente de unas 60 personas, empadronadas todas en la misma dirección, lo que demuestra que no se trataba de un uso temporal o vacacional, sino de un núcleo habitado de manera estable. 

Empresas interpuestas y una web para captar clientes  

Las pesquisas del EPRONA apuntan al gerente del complejo como principal responsable de mantener y ampliar la actividad a lo largo de los años. Según el informe, el empresario habría utilizado distintas fórmulas societarias para prolongar la explotación del recinto: creación de nuevas empresas, cambio de denominaciones mercantiles y adquisición de parcelas colindantes con el fin de expandir las instalaciones.

Además, se descubrió que las viviendas se ofertaban a través de una página web gestionada por una empresa inglesa, lo que facilitaba la llegada de compradores extranjeros interesados en residir en un entorno “rural” y aparentemente tranquilo, pero completamente al margen de la normativa urbanística y ambiental vigente.

El modelo de negocio resultaba rentable: las parcelas se arrendaban o vendían bajo distintas modalidades, y los residentes disponían de servicios comunes que daban la apariencia de legalidad. Sin embargo, el conjunto carecía de cualquier autorización municipal o autonómica.

20 investigados por delitos urbanísticos y medioambientales  

El resultado de la investigación ha sido la imputación de 20 personas, con edades comprendidas entre los 35 y los 88 años, entre las que figuran propietarios del suelo, gestores, arrendadores y dueños de las viviendas.

Todos ellos están investigados por un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, mientras que dos de los principales responsables afrontan además un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, debido a su implicación directa en los vertidos contaminantes detectados.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas a la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Alicante, que ya ha judicializado el caso en el Juzgado de Instrucción de Torrevieja, donde continúan las actuaciones. 

Cierre del complejo y actuaciones administrativas  

De manera paralela a la investigación penal, la autoridad municipal competente ha decretado el cierre inmediato del complejo, una medida que todavía está pendiente de ejecución. También se ha informado a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, organismo encargado de velar por la legalidad urbanística y de restaurar la realidad física alterada en suelo no urbanizable.

Fuentes cercanas a la investigación explican que la restauración podría implicar el desmantelamiento total de las instalaciones, el sellado de vertidos y la restitución del terreno a su estado original, conforme a lo establecido por la legislación vigente en materia de medio ambiente y ordenación del territorio. 

Un caso que reabre el debate sobre la presión urbanística en la Vega Baja  

El suceso ha vuelto a poner sobre la mesa la presión urbanística y residencial que sufre la comarca de la Vega Baja, una de las zonas más afectadas por la expansión descontrolada de viviendas irregulares durante las últimas décadas.

Las organizaciones ecologistas advierten de que este tipo de asentamientos ilegales suponen un riesgo ambiental y de seguridad, especialmente cuando se ubican en áreas inundables o sin servicios adecuados de saneamiento. Además, denuncian que estos núcleos “fantasma” acaban generando una falsa apariencia de legalidad y dificultan la protección del entorno rural y agrícola.

Mientras tanto, las autoridades locales y autonómicas insisten en que seguirán actuando para erradicar los desarrollos ilegales y reforzar la vigilancia sobre los vertidos que afectan a los canales de riego y a los recursos naturales de la Vega Baja. 

Con la operación Castramar, la Guardia Civil ha puesto al descubierto uno de los mayores complejos residenciales ilegales de los últimos años en la provincia de Alicante. Un entramado que combinaba intereses urbanísticos, negligencias medioambientales y una estructura empresarial opaca, todo ello oculto bajo la apariencia de un tranquilo camping.

Las investigaciones judiciales siguen abiertas, mientras los vecinos de la zona esperan que se depuren responsabilidades y se repare el daño causado a un entorno agrícola y natural ya de por sí frágil.