El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana que presentaron el pasado 17 de enero cincuenta diputados del PP en el Congreso, a petición de la Diputación de Alicante.

A partir de ahora, el alto tribunal pide que en el plazo de 15 días los recurrentes se personen en el proceso y formulen las alegaciones que estimen convenientes.

El presidente de la Diputación alicantina, el popular César Sánchez, ha señalado que la admisión a trámite "supone un nuevo freno al proceso catalanista del Gobierno del Botànic, más preocupado por hacer calar su ideario político y lingüístico en la sociedad valenciana que por resolver los problemas reales de la ciudadanía".

"Dije que le plantaríamos cara al nacionalismo en la Comunitat Valenciana, al separatismo, a quienes quisieran imponer el proceso de catalanización, es decir, al Partido Socialista con Ximo Puig a la cabeza y a Mónica Oltra y su partido, Compromís, y no descansaremos hasta desalojarlos del Consell", ha indicado.

Ha recordado que la institución provincial ya se opuso al requisito lingüístico, a los decretos de Turismo y Deporte y a eliminar el castellano de las aulas en los colegios de la Comunitat antes de impulsar el recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Mancomunidades, por considerar que "enmascara una Ley de Comarcalización para intentar avanzar en ese proceso de catalanización".

"Nuestro trabajo será incansable durante los meses que vienen, durante los años que vienen, para decir alto y claro que la Comunitat Valenciana quiere estar en España y formar parte de ella y no dels Països Catalans. Vamos a plantarle cara al nacionalismo, al separatismo y a todos aquellos que nos quieren separar de nuestro país", ha proseguido Sánchez.

Para el político del PP, "la Diputación de Alicante se ha erigido como institución que hace frente a la sinrazón de los nacionalistas y continuaremos defendiendo los intereses generales de los ciudadanos".

La Ley de Mancomunidades fue aprobada el 27 de septiembre de 2018 con el apoyo del PSPV-PSOE, Compromís y Podem, que calificaron la nueva norma como un "gran avance" en el municipalismo valenciano, y el voto contrario de PP y Ciudadanos, que opinaron que se trataba de "un proceso de comarcalización encubierta".