A través de un comunicado, los órganos de representación oficiales de los empleados públicos de Alpedrete, así como los sindicatos CPPM, CGT, UGT y UPM, califican de desafortunadas, poco rigurosas e irresponsables las afirmaciones realizadas el pasado 14 de enero en rueda de prensa por el alcalde, Carlos García Gelabert, y los concejales de Recursos Humanos y Urbanismo, Itziar González-Tanago y Juan Aragoneses. Aseguran que faltan a la verdad además de evidenciar una total falta de respeto a la labor de la Policía Local. 

El ejecutivo, recordemos, ha abierto expediente disciplinario a varios agentes por no acudir a prestar servicio durante su turno en los eventos de Navidad y les acusa de practicar una huelga encubierta, de ser unos privilegiados en cuanto a salarios y de pedir un refuerzo de la plantilla para trabajar menos.

Nada más lejos de la realidad, dicen la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento, que han querido desmontar una por una las declaraciones del ejecutivo y dejar claro que su principal reclamación es tener un acuerdo-convenio para todos los trabajadores municipales, dado que el suscrito en 2017 quedó anulado por una sentencia.

“Son muchas las reivindicaciones y en absoluto las motivaciones son económicas. Lo que pretendemos es un convenio que regule las condiciones laborales... las 35 horas, la recuperación del 100% de las bajas, los cuadrantes de la Policía. Asistimos a las reuniones con nuestra mejor voluntad y propuestas pero el Ayuntamiento sigue sin firmar nada”, ha asegurado César Jiménez, secretario de Acción Sindical de CPPM en la Comunidad de Madrid, quien ha estado presente en las negociaciones.

También desmienten que la plantilla de la Policía Local de Alpedrete cumpla con creces la ratio de la Federación Española de Municipios y Provincias, como apuntó el ejecutivo. Hay plazas presupuestadas no cubiertas, no deberían haberse computado los agentes BESCAM, no se han restado dos jubilaciones -en unos meses habrá dos más- ni una plaza en comisión de servicio que quedará libre en menos de año y medio. “Lo que se pide es que la plantilla sea la que tiene que ser. Hay que convocar las plazas presupuestadas, el problema es acuciante”, dice el responsable de CPPM.

Medidas legales

Insisten en que no hay ninguna guerra abierta pero no pueden pasar por alto que el equipo de gobierno haya trasladado a la opinión pública una imagen de los polícias locales como vagos y chantajistas.

Han puesto esas declaraciones en manos de los Servicios Jurídicos para que estudien posibles acciones legales.

“Se está criminalizando a un colectivo que es importante, estamos hablando de la seguridad, no es bueno crear esta alarma social y este desprestigio. ¿Judicializarlo? Pues si el gabinete jurídico entiende que hay un delito contra el honor de los agentes se emprenderán las medidas legales oportunas, pero ese no es nuestro objetivo... es firmar un acuerdo-convenio para todos los trabajadores del Ayuntamiento”, concluye Jiménez.

Junta de Personal y Comité de Empresa reiteran su voluntad de retomar las negociaciones.