La Justicia ordena a Castilla y León que active el desmontaje de la estación de esquí de Navacerrada
Establece que la Junta es competente para declarar la caducidad de la concesión pero el Gobierno castellanoleonés ya ha anunciado que, si es posible, recurrirá la sentencia

Estación de esquí del Puerto de Navacerrada
Madrid - Publicado el - Actualizado
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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Junta a declarar la caducidad de la concesión de la estación de esquí del Puerto de Navacerrada y a resolver la liquidación, la retirada de las instalaciones y la restauración de la zona, así como la liquidación de la indemnización si procede.
En una sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo, con sede en Valladolid, ha estimado parcialmente el recurso de la Abogacía del Estado, presentado en representación del Organismo Autónomo Parques Nacionales, propietaria del enclave en el que se ubica la estación de esquí, que en marzo de 2021 anunció que la concesión estaba a punto de expirar por caducidad y no era viable la renovación.
El recurso impugnaba el acuerdo de 14 de octubre de 2021 de la Junta de Castilla y León, por el que se declaraba incompetente para resolver la solicitud de interrupción del cómputo del plazo de la ocupación de 7,6556 hectáreas en el 'Pinar de Valsaín', paraje en el que se encuentra la estación, así como la caducidad de la concesión y los actos de liquidación, en el caso que procediera.
Con ese acuerdo, la Junta se "lavaba las manos" sobre el asunto y eso ha provocado una situación en la que, a expensas de que se pronunciase la Justicia, la estación de esquí ha seguido activa, permitiendo la apertura -cuando la meteorología lo ha facilitado- de las pistas de la vertiente segoviana (El Telégrafo, El Escaparate y El Bosque) todo este tiempo.
El tribunal estima que dicho acuerdo de la Junta es "contrario a derecho" y que, conforme a la Ley de Montes, y en contra de lo sostenido por la Junta, la administración autonómica es la competente para declarar la caducidad de la ocupación. Por ese motivo, los magistrados han considerado que la Junta debe "pronunciarse, a propósito de la referida declaración de caducidad, sobre la solicitud efectuada por la mercantil concesionaria en relación con la interrupción temporal del cómputo del plazo de duración (o prórroga) como consecuencia de los efectos derivados de la pandemia COVID-19".
El TSJ concluye que el marco normativo vigente (constitucional, estatutario, legal y reglamentario) "es claro al atribuir a la comunidad autónoma la gestión del monte catalogado (abstracción hecha de que la titularidad del mismo corresponda al Organismo Autónomo Parques Nacionales)". Por tal motivo, la sentencia concluye que "lo que realmente se está discutiendo, dejando al margen el procedimiento para el otorgamiento de una nueva concesión, es qué administración debe asumir la competencia para gestionar los efectos derivados de la extinción (por caducidad) de la concesión, con las consiguientes obligaciones en materia de liquidación del estado posesorio y en materia de retirada de las instalaciones y de restauración de la realidad física alterada. Y en este punto entendemos que la respuesta es la comunidad autónoma".
Contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que no ha impuesto costas a ninguno de los implicados, cabe recurso de casación.
La Junta recurrirá la sentencia
La Junta de Castilla y León estudiará y, si es posible, recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que estudiarán la sentencia, que se ha hecho pública en la mañana de este jueves, pues "no han tenido el tiempo suficiente para analizarla en detalle".
No obstante, Fernández Carriedo ha avanzado que "van a defender claramente los intereses de Castilla y León" y, por tanto, estudiarán la resolución y recurrirán, si "hay algún margen", en una sentencia contra la que cabe recurso de casación.
"La población de Segovia y de Castilla y León tiene que saber que como comunidad autónoma estaremos siempre defendiendo los derechos de la tierra", ha insistido, esto es, el empleo, los puestos de trabajo y la actividad productiva vinculada a la estación de esquí. "Es lo que nos ha movido y nos moverá siempre", ha aseverado.



