Un millón de kilos de alimentos básicos. Es la cantidad que pretende conseguir el Banco de Alimentos en la recogida de primavera que arranca hoy, y que se extiende hasta este domingo. Con esa comida, el objetivo que persiguen desde la Fundación es poder dar una comida al día a 140.000 personas de la Comunidad de Madrid. Para ello, están colaborando 1.300 establecimientos y hasta 4.000 voluntarios.

Esos voluntarios son los encargados de explicar a los clientes cómo pueden ayudar. En la mayoría de espacios, la donación es económica, pudiendo aportar una vez se pasa por caja para pagar. De esta manera, se consigue una distribución más regular de los alimentos, además de que ayuda a reducir costes de logística y transporte.

Sin embargo, existen otras alternativas. En algunos supermercados e hipermercados el sistema es mixto, permitiendo colaborar aportando comida. Mari Carmen, voluntaria en un establecimiento de Alcobendas, ha explicado en COPE los alimentos que más piden: "Les pedimos aceite, conservas de verdura, legumbres secas, pasta, arroz, leche, azúcar,..., aunque cualquier alimento que se nos done es bien recibido".

Una campaña salpicada por las tarjetas monedero

La polémica está servida. A partir de 2025, las tarjetas monedero serán gestionadas por las Comunidades Autónomas. El problema es que, hasta ahora, solo se han adherido a ellas siete cadenas de supermercados de España. Esto supone que 7 de cada 8 municipios no tenga un supermercado adherido, lo que obliga a algunos de los usuarios a ir a una gasolinera a hacer la compra, donde el precio de los productos suele ser más elevado.

Otro problema es que muchas personas se van a quedar fuera, no solo porque con este sistema se llega a menos, sino porque los beneficiarios de estas tarjetas son solamente familias con menores a su cargo. Desde la Comunidad de Madrid critican la mala gestión de estas ayudas, que se encuentran entre los 130 y 220 euros al mes por persona.

Ahora el Estado le pasa el problema a las comunidades. Por eso, la Consejera de Asuntos sociales, Ana Dávila, pide al Ministerio que el Gobierno inicie la renegociación de las condiciones del programa con la Unión Europea, y así garantizar la igualdad de los beneficiarios de este programa, que son personas vulnerables.