Tarragona y Sant Feliu de Llobregat en Barcelona, salpicadas en el informe de la UCO sobre la trama de mordidas que implica a Santos Cerdán

Un nuevo capítulo de presunta corrupción sacude la política española tras la publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que señala al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como figuras clave en una trama de cobro de comisiones ilegales relacionadas con adjudicaciones de obra pública. 

Entre los puntos destacados del informe, que consta de 490 páginas y fue entregado al Tribunal Supremo el 5 de junio de 2025, se encuentra una presunta mordida vinculada a un proyecto en Tarragona que habría generado beneficios ilícitos para los implicados. Este caso, conocido como el “caso Koldo”, ha desatado una tormenta política y ha puesto en el punto de mira la gestión de fondos públicos durante el mandato de Ábalos en el Ministerio de Transportes (2018-2021).

 El Informe de la UCO y la Conexión con Tarragona  

Según el informe de la UCO, Santos Cerdán habría actuado como el principal gestor de una serie de “contraprestaciones económicas” provenientes de la constructora Acciona, que habrían ascendido a un total de 620.000 euros, de los cuales 450.000 euros aún estarían pendientes de cobro, según grabaciones realizadas por Koldo García, exasesor de Ábalos. Entre las adjudicaciones señaladas, destaca una obra en Sant Feliú de Llobregat, gestionada por Adif, que fue adjudicada a Acciona por un valor inicial de cerca de 50 millones de euros, ampliado posteriormente a 62 millones. 

La UCO estima que esta obra habría generado una comisión de aproximadamente 90.000 euros, según una conversación grabada el 2 de febrero de 2022 entre Koldo García y Santos Cerdán, en la que se detalla: “La de Tarragona, si no lo recuerdo mal, creo que eran ochenta y pico, casi 90”.

El modus operandi descrito por la UCO revela un esquema sofisticado en el que Ábalos y Koldo generaban las deudas con constructoras como Acciona a cambio de adjudicaciones presuntamente fraudulentas, mientras que Cerdán se encargaba de gestionar los pagos. 

En el caso de Tarragona se suma a otras licitaciones en Logroño y Sevilla, que juntas habrían generado una deuda pendiente de 450.000 euros. La Guardia Civil destaca que las conversaciones grabadas por Koldo, que abarcan desde 2019 hasta 2023, muestran un nivel de detalle que vincula directamente estas cantidades con proyectos específicos, incluyendo el de Tarragona.

 Especulaciones sobre las Mordidas  

La implicación de Tarragona en esta trama no es casual. La región ha sido históricamente un punto estratégico para grandes proyectos de infraestructura, especialmente en el ámbito ferroviario y de carreteras, debido a su posición en el Corredor Mediterráneo. 

La obra en Sant Feliú de Llobregat, relacionada con el soterramiento de líneas de alta velocidad, representa un contrato de gran envergadura que, según la UCO, podría haber sido manipulado para beneficiar a Acciona a cambio de comisiones. 

La especulación sobre estas mordidas apunta a que el dinero no solo habría servido para enriquecer a los implicados, sino también para financiar operaciones opacas dentro del PSOE o incluso para influir en decisiones políticas a nivel local.

La relación de Cerdán con Koldo García, que se remonta a 2015 en Navarra, sugiere que el sistema de cobro de comisiones podría haber sido importado a Tarragona y otras regiones tras la llegada de Ábalos al Ministerio de Transportes. 

La UCO señala que Cerdán promovió la cercanía de Koldo con Ábalos, lo que le permitió influir en adjudicaciones clave, incluyendo la de Tarragona. Esta dinámica plantea preguntas sobre hasta qué punto otros cargos del PSOE en la región podrían haber estado al tanto o incluso participado en el esquema.

Además, las grabaciones revelan un cambio en el comportamiento de los implicados, pasando de conversaciones abiertas a comunicaciones más cautelosas a través de aplicaciones como Signal, lo que sugiere un intento de ocultar las transacciones. La mención de Tarragona en estas grabaciones no solo pone en tela de juicio la transparencia de las adjudicaciones en la región, sino que también alimenta especulaciones sobre si otras obras en Cataluña podrían estar bajo investigación.

 Reacciones y Consecuencias Políticas  

El impacto del informe ha sido inmediato. Santos Cerdán presentó su dimisión como secretario de Organización del PSOE y renunció a su escaño en el Congreso el 12 de junio de 2025, perdiendo así su aforamiento. 

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, le ha ofrecido declarar voluntariamente el 25 de junio, un paso previo a una posible imputación por delitos de organización criminal y cohecho. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió perdón a la ciudadanía y anunció una auditoría externa de las cuentas del PSOE, aunque descartó elecciones anticipadas.

En Tarragona, el escándalo ha generado indignación entre los ciudadanos y ha avivado el debate sobre la gestión de fondos públicos en proyectos de infraestructura. La oposición, liderada por el PP y Vox, ha exigido responsabilidades y ha acusado al PSOE de operar una “trama corrupta” que afecta a la credibilidad de las instituciones. Mientras tanto, el PSOE ha defendido a Cerdán, asegurando que “jamás” participó en adjudicaciones ilegales, aunque las pruebas presentadas por la UCO parecen contradecir esta postura.