El TSJC da la razón al extrabajador del metro con incapacidad permanente a causa del amianto

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) considera probado que Rafael Rubio, extrabajador del metro y ahora jubilado, tiene la incapacidad permanente por problemas de salud causados por el amianto que inhaló durante 40 años en su  lugar de trabajo. De este modo, la sala confirma la sentencia dictada por el Juzgado Social número 4 de Barcelona en el  mes de marzo del 2024. La empresa, Metro de Barcelona, y las mutuas de trabajo presentaron recursos, pero el alto tribunal los ha desestimado íntegramente.

Este es el primer caso de un extrabajador en vida a quien la justicia reconoce la incapacidad como consecuencia de la exposición crónica al amianto. Hasta ahora, solo se habían reconocido casos de extrabajadores muertos.

TMB presentará recurso al Supremo  

Po su parte, TMB ha explicado que recibió la sentencia sobre este extrabajador del suburbano este martes. Destaca que no es una sentencia firme y anuncia que presentará un recurso al Tribunal Supremo.

Una vida TRABAJANDO EN  los talleres de Vilapicina  

Rafael Rubio empezó a trabajar para Metro de Barcelona en 1978 como mecánico tornero en los talleres de Vilapicina, donde pasó toda la vida. El año 1988 ya se detectó presencia de amianto en estos talleres y en 1990 se determinó que había “amianto en el aire por el desgaste de los antiguos zapatos de freno y de la ventilación exterior”, según apunta la defensa del extrabajador. Desde el 2018 el metro aplicó un plan para el desamiantado de las instalaciones.

En cuanto a la salud de Rubio, sufre asbestosis con placas pleurales y enfisema pulmonar diagnosticado en 2013. Tanto el tribunal de primera instancia como ahora el TSJC consideran probado que el mecánico sufre esta patología a causa de la presencia de amianto al lugar de trabajo.

 A juicio por indemnización  

Además de esta sentencia, el antiguo trabajador del metro tiene abierto otro procedimiento judicial contra la empresa Ferrocarril Metropolitano de Barcelona SA. Pide una indemnización de 180.000 euros por los daños y perjuicios, tanto económicos, físicos como morales que le han provocado las patologías derivadas del contacto con el amianto.