La trama del camping ilegal de Mataró: así levantan un negocio de más de un millón de euros

Los Mossos de Esquadra investigan a dos hombres por su presunta implicación en una compleja trama de delitos urbanísticos, contra el medio ambiente, defraudación eléctrica y blanqueo de capitales vinculada al camping ilegal desmantelado en Mataró (Maresme). La investigación, que se inició en junio de 2024 a raíz de una denuncia del Ayuntamiento de Mataró a la fiscalía, ha destapado un negocio que habría generado beneficios superiores al millón de euros. Las primeras denuncias sobre estas actividades se remontan a octubre de 2021, señalando desde el principio a los dos vecinos de la ciudad ahora investigados.

Un asentamiento ilegal en suelo agrícola protegido

Según ha trascendido de la investigación, los dos hombres alquilaron los terrenos en septiembre de 2021 a una sociedad inmobiliaria. El contrato especificaba claramente que no se permitía ningún tipo de construcción en la zona, dado que se trata de suelo de uso exclusivamente agrícola y carece de un plan parcial urbanístico aprobado. A pesar de las prohibiciones, los investigados procedieron a levantar un asentamiento en estos terrenos, ubicados en la carretera de la Mata.

Los responsables del camping ilegal eran plenamente conscientes, según la policía catalana, del grave riesgo para las personas y el medio ambiente que suponía su actividad, especialmente por el elevado peligro de incendio forestal en la zona. La investigación ha confirmado que para acondicionar el terreno se realizaron talas de masa forestal y movimientos de tierra sin ningún tipo de permiso, con el único fin de facilitar la instalación de las estructuras y construcciones ilegales.

El campamento estaba compuesto por una amalgama de construcciones permanentes, módulos prefabricados tipo *mobile home*, contenedores metálicos habilitados como vivienda, caravanas y cobertizos. La mayoría de estas instalaciones contaban con conexiones permanentes a pozos ciegos y fosas sépticas improvisadas. Para el suministro de servicios básicos, los investigados realizaron conexiones fraudulentas a la red eléctrica y de agua, sin ninguna supervisión ni control de seguridad homologado, lo que aumentaba todavía más el peligro para los residentes.

Un negocio de 300 euros por parcela

El asentamiento se extendía por 12 parcelas catastrales, que suman un total de 15 hectáreas, todas ellas calificadas para uso agrícola. Este terreno fue dividido en 161 subparcelas que los investigados arrendaban a terceras personas. Según datos proporcionados por el Ayuntamiento de Mataró, en agosto de 2025 había 145 personas empadronadas en esta dirección, aunque existían más solicitudes pendientes de resolución en ese momento.

El modelo de negocio era sencillo y lucrativo. Los investigados alquilaban estas parcelas por precios que rondaban los 300 euros mensuales, dependiendo de las características y el tamaño del emplazamiento. Además de las viviendas, los responsables del camping ilegal llegaron a crear y acondicionar espacios específicos que publicitaban y ofrecían para la celebración de fiestas y eventos privados, obteniendo así una fuente de ingresos adicional al alquiler de las parcelas.

Más de un millón de euros y blanqueo de capitales

La investigación llevada a cabo por el Área Central de Delitos Económicos de la DIC de los Mossos ha puesto cifras a este entramado. Las primeras estimaciones apuntan a que el beneficio económico obtenido por el arrendamiento ilícito de las parcelas podría superar el millón de euros. Este lucro ha llevado a ampliar la investigación a un presunto delito de blanqueo de capitales.

Los investigadores han detectado que los investigados diversificaban sus rendimientos reinvirtiendo parte de las ganancias en el propio proyecto ilegal. Este dinero se destinaba a la adquisición de más módulos prefabricados y a la construcción de nuevas estructuras para ampliar el asentamiento. Los agentes continúan analizando diversas operaciones inmobiliarias para determinar su posible vinculación con el blanqueo de los beneficios obtenidos ilegalmente.

El pasado 22 de septiembre, se organizó un macrodispositivo para desallotjar el campamento, en el que participaron más de 150 agentes de los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, junto a 150 técnicos municipales. Posteriormente, el 13 de octubre, bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 2 de Mataró, se llevó a cabo un operativo policial para desmantelar por completo el asentamiento y realizar entradas y registros en las propiedades de los principales investigados. Durante esta operación se intervinieron dinero en efectivo, abundante documentación y se ejecutaron medidas de comiso preventivo sobre varios bienes. Fruto de este material, se identificó a otros colaboradores que ahora también constan como investigados. Los dos principales responsables han quedado denunciados por la comisión de los presuntos delitos.