Juan Bravo (PP): "Obligan a una empresa de Jaén a atender en catalán, pero un niño catalán no puede estudiar en español"

La tensión ha vuelto a escalar en el Congreso de los Diputados a cuenta de la política lingüística. El diputado del Partido Popular, Juan Bravo, ha protagonizado este miércoles un duro enfrentamiento con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a raíz del acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya para promover el uso del catalán en la atención al cliente de empresas en todo el territorio nacional. Este choque dialéctico ha puesto de manifiesto, una vez más, las profundas diferencias que separan al Gobierno y a la oposición en lo que respecta a la gestión de la pluralidad lingüística de España, convirtiendo el hemiciclo en un escenario de reproches que van más allá del debate original.

Durante la sesión de control al Gobierno, Juan Bravo ha dirigido una pregunta a Montero en la que ha criticado con vehemencia lo que considera una imposición inaceptable. El diputado popular ha aseverado que "no es normal que obliguen a una empresa de Jaén a atender en catalán, pero, a la vez, un niño catalán no pueda estudiar en castellano". Con esta afirmación, Bravo no solo ha cuestionado la medida pactada con el independentismo catalán, sino que también la ha contrapuesto con la situación del castellano en el modelo educativo catalán, un tema recurrente en la argumentación del PP sobre los derechos lingüísticos.

No es normal que obliguen a una empresa de Jaén a atender en catalán, pero, a la vez, un niño catalán no puede estudiar en español

La réplica de Montero

La respuesta de María Jesús Montero no se ha hecho esperar y ha seguido una estrategia de contraataque, desviando el foco de la cuestión lingüística hacia los frentes polémicos que afectan al Partido Popular. La vicepresidenta primera ha replicado que "lo que no es normal" es la postura de los populares ante ciertos escándalos. En concreto, ha señalado que "no es normal" que el PP "mantenga en el poder al valenciano Carlos Mazón" o que "no alce la voz" contra el presunto fraude fiscal de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Esta maniobra ha buscado desacreditar la autoridad moral del PP para criticar al Ejecutivo, utilizando casos de presunta corrupción o irregularidades que salpican a figuras relevantes de la formación.

No es normal que el PP mantenga en el poder al valenciano Carlos Mazón o no alce la voz contra los presuntos fraudes de la pareja de la presidenta madrileña

El diputado popular no ha limitado sus críticas al ámbito lingüístico y ha aprovechado su intervención para enumerar una serie de agravios que, a su juicio, demuestran la mala gestión del Gobierno. "No es normal que cuando más impuestos pagan los españoles, los trenes no funcionen, las luces se apaguen y para la Seguridad Social, la cita se tenga que comprar en el mercado negro", ha denunciado Bravo. Además, ha añadido a su lista de reproches el fallo de medidas como las "pulseras para proteger a las mujeres" y ha lanzado una pulla al presidente del Gobierno, de quien ha dicho que "un señor viva en Moncloa y tribute en Portugal", mientras se pide una "especial vigilancia para aquellos que quieren sacar algo de dinero vendiendo su viejo sofá en Wallapop".

El contexto del acuerdo lingüístico

El pacto que ha originado esta controversia forma parte de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez y busca dar cumplimiento a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, un tratado internacional ratificado por España en el año 2001. El objetivo del acuerdo con Junts per Catalunya es modificar la Ley de Sociedades de Capital para garantizar que cualquier ciudadano pueda ser atendido en lenguas cooficiales como el catalán, el euskera o el gallego por grandes empresas que operan en todo el Estado. La medida ha sido celebrada por los partidos nacionalistas e independentistas como un avance en el reconocimiento de la diversidad lingüística, pero ha sido recibida con un profundo rechazo por parte de la derecha, que la considera un ataque a la libertad de empresa y un peaje más al secesionismo.

Este enfrentamiento es un reflejo de la creciente polarización política que vive el país, donde la lengua se ha convertido en un arma arrojadiza frecuente en la guerra cultural entre bloques ideológicos. Mientras el Gobierno defiende sus pactos como una vía para la desjudicialización y la normalización de las relaciones con Cataluña, la oposición los enmarca en una estrategia de cesiones a cambio de poder. Este debate, lejos de ceñirse a cuestiones técnicas o jurídicas, apela directamente a las emociones y a la identidad, lo que dificulta un diálogo sosegado y constructivo sobre el modelo territorial y la convivencia de las diferentes lenguas y culturas de España.