Interior reduce la velocidad en la AP-7 entre Calafat y Amposta y activa un plan de choque para atajar la siniestralidad

El Departamento de Interior ha anunciado la inminente aplicación de un plan de choque para combatir la siniestralidad en la AP-7. La medida principal, que consiste en la reducción de la velocidad a 80 km/h para vehículos pesados y 100 km/h para turismos en el tramo entre Calafat y Amposta en sentido sur, entrará en vigor en aproximadamente un mes. Así lo ha explicado la consejera de Interior, Núria Parlon, durante la presentación de una estrategia que busca frenar el alarmante aumento de víctimas mortales en esta vía, que ya suman 15 en lo que va de 2025, más del doble que en todo el 2024. Este plan tendrá una vigencia inicial de seis meses y comprende una veintena de medidas enfocadas, principalmente, en los vehículos pesados.

Un repunte de accidentes muy preocupante

La consejera Núria Parlon ha justificado la urgencia de este plan de choque al señalar que, aunque Cataluña mantenía una tendencia a la baja en la mortalidad en carretera desde 2019, este año la AP-7 "ha concentrado un repunte muy preocupante". Según los datos de Interior, una parte significativa de esta accidentalidad está directamente vinculada a los vehículos pesantes y a su vulnerabilidad en tramos de alta tensión, como el de las Terres de l'Ebre. En esta zona se han detectado con frecuencia problemas de exceso de velocidad y maniobras de alto riesgo que han contribuido al drástico aumento de la siniestralidad.

Ha concentrado un repunte muy preocupante"

Ante esta grave situación, Interior ha diseñado el plan basándose en tres grandes líneas de actuación. La primera y más inmediata es la mencionada reducción de la velocidad entre Calafat y Amposta en sentido sur. Esta decisión se fundamenta en que es un área de la autopista donde, según ha explicado Parlon, "la mayoría de accidentes graves se producen en el carril de bajada". El Departamento de Interior está actualmente a la espera de que el Ministerio de Transportes instale la nueva señalización vertical para poder implementar la medida, lo que se estima ocurrirá en un mes. La efectividad de esta limitación será revisada el 31 de marzo de 2026.

Más radares, inspecciones y vigilancia

La segunda línea del plan se centra en el refuerzo del control y la seguridad. Parlon ha anunciado que se incorporarán seis nuevos carros radar a lo largo de la AP-7, y algunos de ellos se ubicarán específicamente en la zona del Ebro para asegurar el cumplimiento de los nuevos límites. Estos se sumarán a los controles ya existentes, como los radares de tramo identificados con cajas de color naranja. Además, se intensificarán las inspecciones a vehículos pesados por parte de los Mossos de Esquadra. La consejera ha detallado que el cuerpo contará con una decena de nuevos dispositivos DSRC, que permiten realizar inspecciones dinámicas de tacógrafos para detectar infracciones relacionadas con los tiempos de conducción y descanso. Estos factores, ha afirmado, "son determinantes en muchos vuelcos y salidas de vía".

Asimismo, se reforzarán los controles de ITV en la propia carretera, una medida motivada por el preocupante dato de que el 45% de los vehículos pesados inspeccionados recientemente presentaban algún tipo de defecto técnico. "Es un porcentaje lo suficientemente elevado como para prestarle atención", ha valorado Parlon. La vigilancia también se moderniza con el uso de drones para vigilar conductas indebidas desde el aire. Desde este mismo fin de semana, se han intensificado las patrullas con los dos helicópteros del Servei Català del Trànsit (SCT), que no solo controlan la velocidad y las distracciones, sino también que los camiones respeten la prohibición de adelantamiento vigente en el Ebro.

Es un porcentaje lo suficientemente elevado como para prestarle atención"

En este sentido, el director del SCT, Ramon Lamiel, ha destacado que en solo una semana de vigilancia intensiva se han detectado unos 90 incumplimientos de la prohibición de adelantar, de un total de 5.000 vehículos pesados que circulan diariamente por la zona. Por su parte, la sub-jefa de la División de Tráfico de los Mossos de Esquadra, Vanessa Bohé, ha explicado que desde febrero el cuerpo ha incrementado los controles a camiones en la AP-7, lo que se ha traducido en un aumento del 37% en las denuncias. Bohé ha asegurado que las infracciones más comunes están relacionadas con la fatiga de los transportistas. También se ha registrado un crecimiento en las pruebas de drogas positivas (+26%) y en las distracciones al volante (+47%). A nivel territorial, la actividad sancionadora en la provincia de Tarragona ha crecido un 47%, y un 45% en el tramo de la AP-7 en Terres de l’Ebre.

Formación específica y más información

La tercera línea de intervención del plan se enfoca en la formación y la sensibilización. Interior impulsará cursos específicos para conductores extranjeros de fuera de la Unión Europea que realizan el canje de su permiso de conducir. Esta medida, dotada con 200.000 euros, busca corregir el desconocimiento de las particularidades de la red viaria catalana. Ramon Lamiel ha explicado que, tras una experiencia piloto exitosa en una autoescuela de Granollers, se está trabajando para ampliar estas sesiones formativas, aunque ha matizado que tendrán un carácter voluntario. No se ha concretado aún la duración que tendrán estos cursos.

Paralelamente, se fortalecerá la información a la ciudadanía sobre riesgos y obligaciones, y se activarán más avisos en las aplicaciones de movilidad para alertar sobre prohibiciones, incidencias o condiciones meteorológicas adversas. También se instalarán nuevas señales fijas y paneles móviles de mensaje variable para reforzar la señalización en el tramo afectado por las limitaciones de velocidad. Finalmente, Interior colaborará estrechamente con el sector del transporte para dirigir comunicaciones a las empresas y, junto con el Departamento de Trabajo, pondrá en marcha una campaña de inspección a empresas de transporte que son "multirreincidentes" en infracciones. Parlon ha concluido que el objetivo es reducir la siniestralidad en todos los colectivos vulnerables y, a su vez, mejorar la movilidad general al disminuir las grandes retenciones que provocan los accidentes graves.