Frente común en Cataluña: hasta 20 entidades se suman a la manifestación del 7 de febrero por el caos en Rodalies

Un frente común cada vez más amplio de la sociedad civil catalana ha decidido pasar a la acción ante la crisis persistente del servicio de Rodalies. Una veintena de entidades, que incluyen desde las principales plataformas de usuarios hasta sindicatos mayoritarios como CCOO y UGT y organizaciones como Òmnium Cultural, se han sumado formalmente a la convocatoria de manifestación del próximo 7 de febrero. 

El objetivo es unánime: reclamar un “cambio de escala en la inversión y un cambio radical en cómo se gestiona el sistema ferroviario” de Cataluña. Los organizadores anticipan que la adhesión seguirá creciendo en los próximos días y prevén que la movilización sea un “éxito” sin precedentes en la reivindicación de un transporte público digno.

Un clamor por un "cambio radical"

El portavoz de la Red de plataformas de usuarios del tren de Catalunya y presidente de la PTP, Adrià Ramírez, ha sido contundente al señalar la raíz del problema. “Se ha visto estos días que hay un problema enorme, colosal, en la infraestructura ferroviaria de este país”, ha afirmado. La demanda central de los convocantes no se limita a una mayor financiación, sino que exige una transformación profunda del modelo de gobernanza. 

Se pide “un cambio de escala en la inversión y, muy importante, un cambio en la forma de gobernar”. Esta declaración subraya la percepción de que el sistema actual ha fracasado no solo por falta de recursos, sino por un enfoque de gestión deficiente y alejado de las necesidades reales de la ciudadanía.

Pedimos un cambio de escala en la inversión y, muy importante, un cambio en la forma de gobernar"

En el punto de mira se encuentran Adif y Renfe, a quienes Ramírez acusa de operar con un modelo de trabajo “opaco”. Según ha denunciado, esta opacidad se manifiesta en una total falta de diálogo “con los diferentes actores sociales del país”. 

La situación llega a tal extremo que, en muchas ocasiones, “ni la misma Generalitat es capaz de poder influir sobre esta gestión”. Esta crítica evidencia una fractura profunda entre la administración central del servicio y las instituciones catalanas, que reclaman un papel activo en la toma de decisiones que afectan directamente a sus ciudadanos y a la vertebración del territorio.

La exigencia de una gestión de proximidad

Las entidades promotoras de la manifestación proponen una solución clara: una gestión de la infraestructura que se realice de forma “mucho más transparente” y, sobre todo, desde la “proximidad al territorio”. Para materializar este cambio, consideran imprescindible que las instituciones catalanas “tengan voz y voto” en la planificación y dirección del sistema ferroviario.

Además, reivindican que el mundo local y los ayuntamientos puedan “tomar partido en la elección de los proyectos y la velocidad de ejecución” de las obras, asegurando que las inversiones respondan a las prioridades y urgencias de cada zona.

El grave impacto en la vida de los usuarios

La crisis de Rodalies trasciende con creces los problemas de movilidad. Anna Gómez, portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies, ha puesto voz al sufrimiento diario de miles de personas, alertando que el caos ferroviario está generando graves consecuencias en la salud y el bienestar de los viajeros. Gómez ha revelado un dato alarmante: el 80% de los usuarios de la red sufren ansiedad a causa de los constantes retrasos, averías e incertidumbre. “Tenemos enfermedades físicas por culpa del tren. ¿Qué más necesitan para ponerse las pilas?”, ha lamentado con dureza, reflejando la desesperación acumulada tras años de un servicio deficiente que impacta directamente en la calidad de vida.

Tenemos enfermedades físicas por culpa del tren. ¿Qué más necesitan para ponerse las pilas?"

El impacto también se extiende al ámbito laboral y económico. Según ha explicado la portavoz, la falta de fiabilidad del servicio condiciona las oportunidades de empleo. “Nos encontramos con empresarios que quieren contratar gente y que la gente les dice que no quieren pasar por este calvario y renuncian a trabajos”, ha asegurado. 

Esta situación no solo limita el desarrollo profesional de los ciudadanos, sino que también perjudica al tejido empresarial, que ve cómo la ineficacia del transporte público se convierte en una barrera para la contratación de talento.

Anna Gómez ha recordado que la situación actual no es una sorpresa, sino el resultado de años de advertencias desatendidas. “Llevamos mucho tiempo reivindicando que esto no funcionaba. Llevábamos mucho tiempo avisando que esto pasaría. Han tenido que esperar a que un pobre maquinista se dejase la vida”, ha sentenciado, vinculando la falta de inversión y mantenimiento con consecuencias trágicas.