Dos de cada tres catalanes ven con preocupación su capacidad para acceder a una vivienda en el futuro

Dos de cada tres catalanes ven con incertidumbre su capacidad para acceder a una vivienda en el futuro -un 43% se declara bastante preocupada y un 21% muy preocupado-, siendo los jóvenes de 18 a 24 años -un 77%- y las familias numerosas -75%-, los perfiles que sienten mayor inquietud, según el II Barómetro de la Vivienda del Grupo Mutua Propietarios. 

La mayoría de los catalanes se muestran escépticos frente al impacto de las políticas públicas en la vivienda. En concreto, 2 de cada 3 las considera contraproducentes, un 40% sin efecto alguno, y sólo 1 de cada 10 admite que pueden ser efectivas y cumplir con su objetivo.

Por eso, 3 de cada 4 catalanes se muestran pesimistas y prevén que el precio de la vivienda aumente durante 2025: mientras que un 39% estima que subirá entre un 5% y un 10%, un 19% apunta a incrementos superiores al 10%. En contraste, solo un 12% confía en que los precios se mantendrán estables.  

Los catalanes consideran que esta situación afectará a su vida diaria y que tendrán que realizar sacrificios para amortiguar los precios de compra o alquiler de su hogar. Un cambio de residencia (38%); disminuir la capacidad de ahorro (31%) o recortar en gastos esenciales (26%) son las principales consecuencias que ese mercado residencial tensionado tendrá en los catalanes.  

causas

La principal causa del aumento del precio de los inmuebles, sería la especulación y la compra de propiedades con fines de inversión (48%), seguida de la escasez de viviendas disponibles (29%), mientras que un 26% señala a la intervención insuficiente del Gobierno para regular los precios como una de las principales causas.

Por lo que se refiere a los principales motivos del incremento de los alquileres, los catalanes apuntan a la imposibilidad de acceder a una vivienda de propiedad (38%); al incremento de viviendas destinadas al alquiler turístico (30%) y a la falta de políticas efectivas para regular los precios (26%). 

Otros factores destacados incluyen la escasa protección jurídica frente a impagos u ocupaciones (19%) y la inseguridad jurídica percibida por los propietarios (13%).