Al menos 167 millones de euros pagados indebidamente por la conselleria de Derechos Sociales, según la Sindicatura de Comptes

No es una sorpresa pero el último informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya es demoledor. Ha detectado "al menos 167,56 millones de euros de importes pagados indebidamente" de la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat a beneficiarios de distintas prestaciones entre 2016 y 2024.  De esta candidad, 7 millones pertenecen a expedientes prescritos y de los que se han reclamado 155,97 millones. En cuanto a los pagos de la DGAIA, el volumen pagado indebidamente asciende a 4,7 millones entre 2019 y 2022. 

En el informe sobre las prestaciones económicas de derecho subjetivo del Departamento publicado este miércoles, la Sindicatura señala que se pagaron indebidamente 70,6 millones en prestaciones de dependencia; 43,78 en pensiones no contributivas y 36,15 en renta garantizada de ciudadanía, entre otras.

El informe se ciñe a las prestaciones de derecho subjetivo, y la Sindicatura ha achacado a la "falta de seguimiento y control eficaces" que haya casos que puedan incurrir en incompatibilidades y un volumen elevado de pagos indebidos.

El tratamiento de los casos definidos como pagos indebidos representa "una carga administrativa importante" y dificulta la gestión ordinaria de la prestación, a la vez que comporta costes importantes también para las personas beneficiarias.

La Sindicatura entiende que no se ha fomentado una cultura de "regularidad y transparencia" en las actividades financiadas con fondos públicos, ni un marco que garantice los principios éticos y de buen gobierno de imparcialidad, integridad y objetividad en la gestión de los recursos.

Asimismo, según el documento, el conjunto de las prestaciones económicas de derecho subjetivo no cuenta con "un marco robusto" que se base en detectar necesidades y a partir del cual se recoja información útil para la toma de decisiones.

martínez bravo reconoce "debilidades estructurales" en el sistema

La Conselleria de Derechos Sociales comparte las "debilidades estructurales" detectadas en el informe de la Sindicatura de Comptes y asegura que trabaja para revertirlas con una "transformación profunda y rigurosa". En este sentido, recuerda que ha impulsado un plan de choque contra los pagos indebidos. 

Este plan incluye medidas como la condonación de deudas para familias vulnerables y sistemas de detección preventiva más robustos. También destaca que la gestión de las prestaciones para jóvenes extutelados se ha traspasado de la antigua DGAIA a la Dirección General de Prestaciones. El objetivo es garantizar una gestión pública, eficiente y basada en datos. 

La consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, atribuye los pagos indebidos a la falta de digitalización y recursos pero niega malversación. La mayoría de casos, según Martínez Bravo, son de la  Renta Garantizada de Ciudadanía. Afirma que el principal problema es un modelo de gestión que "no se ha dimensionado correctamente". "Si no tienes las herramientas digitales adecuadas, muy rápidamente puedes tener un volumen de solicitudes que no puedes gestionar de manera ágil, y esto provoca que muchas veces se generen pagos indebidos", dice la consellera.