La Generalitat activa una inmersión lingüística en la Justicia y quiere jueces arraigados en Cataluña

El govern de la Generalitat quiere que el catalán sea el idioma de referencia en los procesos judiciales en la comunidad, y plantea un "kilómetro cero, que tenga el derecho civil catalán como referencia, que se preste en catalán y que cuente con jueces, fiscales y letrados arraigados en Cataluña".

La primera medida decretada es aumentar de 14 a 20 euros, el incentivo que reciben los abogados en el turno de oficio para presentar sus escritos en catalán. Hasta la fecha, los escritos en catalán "han sido mínimos. Porque nuestros clientes nos preguntan por la defensa jurídica y no por el idioma" aseguran diversos letrados consultados.

Diversas fuentes añaden que "todo se puede hacer en catalán, pero si el castellano es mayoritario no es debido a cuestiones identitarias o políticas, como dicen algunos sino por practicidad"

La realidad es que si alguna de las partes implicadas en un juicio, ya sea jueces, fiscales, abogados, acusados o testigos no domina el catalán "se hace en castellano y ya está. No hay problemas en la sala de vistas, incluso a veces en el mismo juicio se utilizan los dos idiomas", sostiene uno de los abogados consultados.

Pero la Generalitat quiere potenciar el uso del catalán en la sala de vistas y por eso trabaja "en un pacto para integrar jueces y fiscales arraigados en Cataluña". La ambigüedad y los precedentes del nacionalismo catalán en la Justicia, preocupan a los miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Pablo Baro, portavoz de la entidad, se pregunta "¿qué se quiere expresar con arraigo?. Pero teniendo en cuanta que hubo listados de jueces que se podían considerar afines a la causa nacionalista, estamos preocupados por las intenciones de la consellera".

El Boletín Oficial del Estado ha publicado un total de 195 vacantes judiciales en toda España. Cataluña con 80 vacantes lidera la petición de jueces. Solo en la provincia de Girona, con 46 vacantes disponibles, ya supera a la segunda comunidad, que es Andalucía con 45, en el número de plazas de jueces a cubrir. Y es Girona es el 20% del total nacional. Pablo Baro define que "hemos pasado en 4 años de una situación de alarma al dramatismo actual. En Girona ciudad todos los juzgados de instrucción son de jueces sustitutos". En Girona se ofrecen 10 plazas de jueces, 4 en la capital y el resto en Bisbal de l'Empordà, Olot, Ripoll y Sant Feliu de Guixols. Además de 5 plazas de magistrado y una plaza de Juez de Adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Estos puestos serán ofrecidas a los 188 por los alumnos de la 70 promoción de la Escuela Judicial, que se incorporaran a sus nuevos destinos a finales de este mes de noviembre, principios de diciembre.

Cataluña con un a ratio de 10,82 jueces por cada 100.000 habitantes, es una de las más bajas de España. Baro enumera las causas"el principal la presión nacionalista, el alto coste de vida, la elevada presión fiscal en comparación con otras comunidades y el constante movimiento de jueces supone que los juzgados estén en peores condiciones". Un conjunto variado de razones que provoca que el servicio de la justicia en Cataluña, sea peor que en resto de las comunidades en España