El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite una denuncia de Sociedad General de Aguas de Barcelona contra la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia. El motivo, se debe al cometido de presuntas irregularidades en subvenciones proporcionadas a diversas entidades sociales.

De este modo, según ha avanzado El Mundo, la denuncia señala la "subvención desproporcionada" de entidades como la asociación Enginyers Sense Fronteres (ESF) para impulsar la remunicipalización del servicio del agua. Además, se cuestiona el encargo de distintos estudios técnicos y jurídicos a Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) valorados en 360.000 euros y que tenían como objetivo impulsar la municipalización del agua. En este sentido, cabe destacar que se trata de una cuestión que la sociedad considera que queda fuera del ámbito competencial del Ayuntamiento.

Por otro lado, también se denuncia el pago de casi 500.000 euros a Barcelona Regional por llevar a cabo distintos estudios sobre esta cuestión. No obstante, cabe recordar que la competencia en este sentido recae en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), entre otras cuestiones. Asimismo, la denuncia también se ha interpuesto contra la Interventora adjunta del Ayuntamiento, Teresa Llor, y el gerente de Ecología Urbana del Ayuntamiento, Jordi Campillo.

Sea como sea, la Fiscalía de Barcelona ya aceptó una denuncia del grupo Abogados Catalanes por la Constitución. De hecho, se abrió una investigación a la alcaldesa y a otros responsables del consistorio por presuntamente conceder subvenciones de forma directa a varias entidades sociales, como el Observatori Desc, la PAH y ESF.

MARC SERRA Y ELOI BADIA

El concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, ha asegurado que el Ayuntamiento colaborará con la justicia en todo lo necesario, aunque se ha mostrado convencido de que "las subvenciones se han otorgado en base a un procedimiento reglado".

Mientras tanto, Serra ha señalado una "estrategia planificada basada en una ofensiva judicial perpetrada y organizada por 'lobbies" contra las políticas del consistorio, sobre todo en relación al reglamento de participación que tenía como objetivo preguntar sobre la gestión pública del agua, entre otras cuestiones.

Por otro lado, el concejal Eloi Badia ha lamentado un "ataque masivo a todo aquello que lleve la palabra agua", y ha asegurado que hay 25 municipios del entorno metropolitano que se encuentran en una situación similar por el hecho de plantear la gestión pública del agua. Además, el propio Badia, que ha mostrado su apoyo, ha añadido: "Todo esto genera un clima, una intimidación hacia los trabajadores municipales. No solo llega a los cargos electos, sino también a los funcionarios y trabajadores públicos"