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El Parlamento catalán reprueba al Tribunal de Cuentas por rechazar los avales del ICF

Se trata de un punto de una moción debatida en el Parlament que se ha aprobado con el apoyo de Junts, ERC, CUP y comuns y el voto en contra de PSC-Units, Cs, PP y Vox

El Parlamento catalán reprueba al Tribunal de Cuentas por rechazar los avales del ICF

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 17:44

El Parlament catalán ha rechazado este jueves la decisión del Tribunal de Cuentas de no aceptar los avales de la Generalitat a través del Institut Català de Finances (ICF) para cubrir las fianzas que pide el mismo tribunal a excargos del Govern por la acción exterior durante el denominado proceso independentista.

Se trata de un punto de una moción debatida en el Parlament que se ha aprobado con el apoyo de Junts, ERC, CUP y comuns y el voto en contra de PSC-Units, Cs, PP y Vox, y que añade que la decisión del Tribunal de Cuentas "ignora la plena vigencia del decreto, la legalidad del cual ha sido avalada por el Consell de Garanties Estatutàries para poder expropiar a 34 servidores públicos por motivos puramente políticos".

En materia de infraestructuras, también se ha aprobado instar al Govern a cuantificar "la discriminación acumulada de inversiones en infraestructuras del Estado en Cataluña y a reclamarla como deuda histórica" con el respaldo de Junts, ERC y comuns, la abstención de la CUP y el rechazo del resto de grupos.

Sin embargo, los comuns no han apoyado otro punto del texto, que también ha prosperado con el voto de Junts y ERC y la abstención de la CUP, que constata que ha habido "una discriminación de los gobiernos del Estado en relación a Cataluña, gobernara el partido que gobernara".

El diputado de los comuns Joan Carles Gallego ha argumentado que apoyan el apoyo cuantificar el déficit de inversiones del Estado en Catalunya con voluntad de resolverlo, pero ha defendido que "no todos los gobiernos son iguales ni hacen la misma política", reivindicado así el trabajo del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Lo mismo ha hecho el diputado del PSC Jordi Terrades, que ha asegurado que con el Gobierno de Pedro Sánchez se ha empezado a revertir la inversión en infraestructuras en Cataluña, y cree que más se podría haber hecho si Junts hubiera apoyado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

Desde la CUP, la diputada Eulàlia Reguant ha justificado la abstención de su grupo en los puntos en materia de infraestructuras porque, a su juicio, no se concreta qué modelo se persigue en Catalunya, pero sí han votado a favor del rechazo a la decisión del Tribunal de Cuentas, al que ha acusado de aplicar "el derecho del enemigo".

Cs: "ACTUALIZACIÓN DEL ESPAÑA NOS ROBA"

Para el diputado de Cs Nacho Martín Blanco, la moción de Junts es una "actualización del mantra y del hit principal del nacionalismo catalán del 'España nos roba", que considera un discurso propio de la Liga Norte, y por ello ha acusado a Junts de recurrir al victimismo constante --en sus palabras-- para fomentar la división de la sociedad catalana.

El diputado de Vox Antoni Gallego también ve en la moción de Junts "un nuevo ejemplo de victimismo en que la malvada España oprime y aplasta" a los catalanes, y ha cuestionado que en la moción se aborde el punto sobre el Tribunal de Cuentass.

La diputada del PP Eva Parera ha coincidido con Cs y Vox en que el texto pretende "seguir alimentado el relato de que 'Madrid nos roba", y ha criticado que culpen al Estado de la falta de inversiones en Catalunya tras haberse perdido la inversión de 1.700 millones de euros para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona - El Prat.

Desde ERC, el diputado Lluís Salvador ha opinado que la situación de las inversiones del Estado en Cataluña es una cuestión que va más allá de las infraestructuras, y pese a asegurar que no es lo mismo un Gobierno de PSOE-Podemos que uno del PP, cree que "sí se parecen bastante en materia de infraestructuras".

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El diputado de Junts Joan Canadell ha acusado al Estado de "discriminar a los catalanes" en este ámbito en relación a otras comunidades, destacando que en los últimos ocho años han sido inferiores al 12% y que un informe de Foment del Treball de julio de 2019 constata que el déficit alcanzó los 28.000 millones de euros desde 2009.

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