La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) confía en una resolución favorable del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en los próximos días que les permita reabrir los locales de ocio nocturno. Este miércoles, los magistrados han denegado las medidas cautelares por vía urgente contra el cierre de bares musicales y discotecas y han permitido al Departament de Salut presentar alegaciones hasta las diez de la mañana de este viernes. "Tenemos esperanzas", aseguró el secretario general de la patronal, Joaquim Boadas.

El directivo ha alertado del riesgo de cierre del 70% de las empresas y ha afirmado que es "la última oportunidad" para el sector. Fecasarm considera que el Departamento de Salud ha violado la ley de salud pública de Cataluña, que obliga, en caso de restricciones de derechos, a afectar el menor ámbito geográfico y el menor número de personas posible. Asimismo, recriminó que no se haya aprobado un plan sectorial del ocio nocturno. "A ver cómo justifica el Departament de Salut que no se haya aprobado un plan sectorial por parte del Procicat y, sin embargo, no permita abrir el sector porque no cumple unas directrices que no existen", manifestó Boadas. La patronal calcula la pérdida de 40.000 puestos de trabajo en el sector hasta finales de año si no se dan ayudas directas a las empresas o se permite la reapertura de los locales.

El secretario general de la patronal ha cifrado en 3.000 las compañías afectadas por la crisis y aseguró que un 70% de éstas no podrán llegar a finales de año si se mantiene la situación actual. Boadas ha reconocido que las empresas están "bajo mínimos", ya que no están facturando y, al mismo tiempo, tienen que hacer frente a gastos fijos muy elevadas. Por ejemplo, el alquiler de un local de ocio nocturno oscila entre los 5.000 euros y los 40.000 euros mensuales. "Es la última oportunidad que tienen para poder trabajar. Los fines de semana que vienen serán claves y, si no facturan hasta el 15 de diciembre, el sector está muerto", lamentó. Ante esta situación, Boadas ha reclamado una inyección de liquidez económica y ha cifrado la cantidad necesaria entre 1.500 millones y 2.000 millones de euros. "Hasta 2022 trabajaremos con condiciones restringidas y esto hará que se necesite más liquidez para llegar, no sólo a finales de este año, sino también del próximo año", manifestó.