El Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Unitat de Disciplina i Antiassetjament del Institut Municipal de l'Habitatge (Imhab), ha incoado 32 expedientes sancionadores a plataformas de anuncios de vivienda y a sus administradores por no incluir el índice de referencia de precio de alquiler, tal como marca la ley que regula los alquileres de la Generalitat.

Lo ha anunciado la concejal de vivienda, Lucia Martín, este lunes en rueda de prensa, en la que ha recordado que la normativa de contención de rentas establece la obligatoriedad de hacer constar el índice de referencia de precios de alquiler y el importe de la renta del contrato anterior en la publicidad del alquiler de vivienda.

En concreto, el Ayuntamiento ha detectado 16 anuncios de vivienda que incumplían la obligación de hacer constar las rentas de referencia y anteriores, y por cada uno ha abierto dos expedientes (uno a las empresas inmobiliarias administradoras y otro al anunciante), que en total pueden sumar un importe de 96.000 euros.

Las sanciones impuestas son leves, con importe mínimo de 3.000 euros, y, de estos 16 anuncios, 10 corresponden a ofertas publicadas al portal Idealista, cinco eran de Fotocasa, mientras el último corresponde a Habitaclia; y entre las empresas inmobiliarias administradoras figuran organizaciones como Engel & Volkers, Don Piso o Núñez y Navarro.

Según ha explicado Martín, Fotocasa y Habitaclia han rectificado y ya han respondido a la incoación de los expedientes alegando que ya han establecido sistemas en sus plataformas, de manera que se advierte al anunciante el deber de incluir el índice de referencia y acciones informativas para los usuarios.

Por otro lado, en tres de los 16 casos las inmobiliarias administradoras han aceptado y reconocido la infracción y han pagado la sanción, mientras que el resto de expedientes siguen abiertos y en trámite, ya sea a la espera de recibir o resolver las primeras alegaciones o bien en fase de propuesta de resolución.

SANCIÓN POR UNA RENTA SUPERIOR

Aparte de los 32 expedientes, Martín ha anunciado que el Ayuntamiento ha incoado un expediente sancionador por infracción grave a raíz de una denuncia por un contrato de alquiler con una renta superior a la permitida, con una sanción mínima de 9.000 euros y que podría ascender hasta 96.000 euros.

La concejal ha insistido en que "la Generalitat debería estar actuando de manera proactiva porque básicamente es su competencia" y ha alertado de que, a pesar de que la ley es de aprobación reciente, no hay un cumplimiento extendido de ésta, ha dicho.

"Nuestra voluntad no es recaudar el máximo de dinero y sancionar porque sí, sino lanzar un mensaje de necesidad de hacer cumplir esta ley y garantizar su aplicación", ha señalado Martín.