La justicia da un paso clave en la denuncia por la supresión del AVE en Sanabria (Zamora)

La lucha por el restablecimiento de los servicios del AVE en la estación de Otero de Sanabria ha dado un giro significativo. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Zamora ha emitido un Auto, fechado el 10 de junio de 2025, en el que acuerda incoar diligencias previas ante la posible existencia de un "delito sin especificar", en el marco de la denuncia interpuesta por Unión del Pueblo Leonés (UPL) y colectivos sociales de Zamora como Terras SOStenible, Viriatos Zamora y AGRYGALZA (Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora).

Este avance judicial contrasta con la anterior desestimación del recurso de reforma, fechado el 12 de julio de 2024, que pedía medidas cautelares para frenar la supresión de los trenes. Ahora, el juzgado considera que hay indicios suficientes para abrir una investigación más detallada, por lo que traslada el caso a la Fiscalía para que determine si existen responsabilidades penales por parte de Renfe o de otras entidades implicadas.

Los colectivos denunciantes han celebrado el auto judicial como una primera victoria ciudadana. “Es un paso importante que demuestra que la justicia escucha y responde cuando hay derechos fundamentales en juego”, afirmaron sus portavoces. Las organizaciones acusan a Renfe de incumplir su deber de mantener ciertos servicios ferroviarios que, desde diciembre de 2022, están considerados como Obligación de Servicio Público (OSP). Esta declaración implica que Renfe recibe compensaciones del Estado para garantizar la conectividad de zonas como Sanabria, lo que, según los denunciantes, no se estaría cumpliendo.

La eliminación de las paradas matutinas —salidas desde Otero de Sanabria a las 8:46 y 9:35, y la llegada de las 8:15— ha supuesto, denuncian, un grave perjuicio para los habitantes de la comarca. La falta de trenes en esos horarios dificulta el acceso a servicios esenciales como la sanidad, la educación o las gestiones administrativas, especialmente para una población envejecida y con dificultades de movilidad.

La denuncia sostiene que estas supresiones no solo son una mala decisión de gestión, sino que podrían constituir una vulneración de derechos básicos. Los colectivos esperan que, con la intervención de la Fiscalía, se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades, obligando a Renfe y a Adif a restablecer los servicios eliminados. Para los vecinos de Sanabria, esta acción judicial representa una esperanza real de recuperar un servicio que consideran vital para el desarrollo y la cohesión de su territorio.