Las memorias USB son una de las herramientas más útiles para el almacenamiento de información, pero hay una modalidad que, en las manos inadecuadas, puede generar un daño importante. Es el caso de los USB Killers, popularmente conocido como 'pen drive asesino'. Una herramienta de la que se valió un becario del Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) de la Universidad de Valladolid cuando realizaba su tesis doctoral en octubre de 2017, y con la que fulminó 21 ordenadores por supuestas desavenencias con su director.

Benjamín Sahelices, director de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid ha explicado a COPE que estos dispositivos están fabricados para usar cinco voltios y con esa “poca” energía va acumulando en un condensador para descargarla dentro del propio ordenador. Una descarga que puede ser de entre 150 a 200 voltios. “El ordenador trabaja entre uno o dos voltios. Si el ordenador recibe esa descarga y no está protegido, lo destruye”, ha señalado.

“Hacer cosas buenas cuesta mucho, destruir es muy sencillo”, ha lamentado Sahelices quien apunta a que no es necesario ser un informático ni tener conocimientos para destruir algo, solo tener acceso físico.

Importantes daños y laboratorio bloqueado

La actuación de este becario que hoy se sienta en el banquillo afectó a un instituto de investigación en el ámbito sanitario donde se trabaja con mucha información. El laboratorio quedó bloqueado. “Un cuchillo puede hacer el bien, como cortar chorizo o hacer el mal”, ha señalado el director de la Escuela de Ingeniería de Informática en Valladolid. Una vez que ha actuado el dispositivo, la placa del ordenador no funciona, sí los discos duros de donde se podría tratar de recuperar información.

“Los que no saben nada y son tan tontos de utilizar cualquier instrumento para hacer todo tipo de cosas malas, se les pilla bastante rápido”, ha ironizado el profesor Sahelices.

Juicio por un delito de daños informáticos

Al becario, juzgado en la Audiencia de Valladolid, se le acusa de un delito de daños en equipos informáticos o, alternativamente, de un delito continuado de daños informáticos. La acusación pública solicita una pena de seis años de prisión y multa de 130.000 euros o, alternativamente, cinco años de prisión y multa de 80.000 euros. En concepto de responsabilidad civil, tendrá que abonar indemnizaciones a las instituciones académicas que suman 42.910 euros.

En total, dañó 21 ordenadores y otros dos tuvieron que ser sustituidos. Se calculan los daños tasados superiores a los 10.000 euros.