El PSOE de Castilla y León abandona la mesa constituida para la reforma de la Sanidad. Es la primera decisión que acompaña a un "severo cambio de rumbo", como lo ha calificado su secretaria de Organización, Ana Sánchez, en las relaciones entre el principal partido de la oposición y el Gobierno autonómico. Lo que deja en el aire el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social, firmado el pasado mes de junio.

El anuncio llega tras unas semanas en las que el tono del debate político se ha ido recrudenciendo con afirmaciones como la proferida por el portavoz del PSOE en las Cortes, Luis Tudanca: "Hoy no tenemos presidente". Y apenas dos días después de conocerse los resultados del estudio elaborado por Sigma Dos, en el que los encuestados suspenden la gestión de la pandemia llevada a cabo por el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos y otorgan una calificación de 4,3 al líder de los 'socialistas' en la Comunidad. Por debajo de las obtenidas por Alfonso Fernández Mañueco (PP) y de Francisco Igea (Cs).

La formación asegura haberlo intentado "todo" para acercar posturas, pero sus modelos son "antagónicos". Sánchez ha acusado a la Junta de querer aprovechar el COVID-19 para "imponer" un modelo "nefasto". Y "no vamos a ser cómplices de este desastre", ha sentenciado.

Los 'socialistas' inician una "ofensiva" redoblando sus ataques contra el presidente de la Junta. Su secretaria de Organización no ha ahorrado en descalificativos hacia Alfonso Fernández Mañueco. "Impresentable" y "mentiroso", entre otros. Pero también "desleal", por anunciar nuevas restricciones "sin dar nisiquiera cuenta" a los sectores afectados o al resto de formaciones con representación parlamentaria. Un formato, el de la declaración institucional, al que ha recurrido no pocas veces también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que vaciaba de contenido, según denunció reiteradamente Fernández Mañueco, las posteriores conferencias con los presidentes autonómicos.

Según Sánchez, el presidente de la Junta está "secuestrado" por un "desquiciado" vicepresidente y portavoz, Francisco Igea. A uno y otro les responsabiliza de una gestión "ineficaz" de la pandemia.

Pese a reconocer no estar en disposición de otros datos, el coordinador de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Moreno, ha puesto en duda el refuerzo de las plantillas —unos 4.000 contratos entre personal sanitario y no sanitario, según la Consejería de Sanidad— desde el inicio de la pandemia.

Moreno ha acusado, además, a la Junta de no disponer "hasta ayer mismo" de los rastreadores necesarios. Un mérito que ha querido atribuir al Gobierno de España. Aun cuando en el mes de agosto Castilla y León era la quinta comunidad autónoma con más rastreadores, con 25 por cada 100.000 habitantes. Y pese a reconocer posteriormente a preguntas de COPE que, a mayores de los militares facilitados por el Ministerio de Defensa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no había aportado "ninguno".