Plena Inclusión acusa a la Junta Electoral de “enturbiar” el voto de las personas con discapacidad intelectual

Documento Nacional de Identidad, tarjeta censal y papeleta en mano, un centenar de personas con discapacidad intelectual han simulado en Valladolid lo que será una realidad el próximo 28 de abril, coincidiendo con la convocatoria de elecciones generales. La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en 2018 ha permitido que casi 10.000 personas, solo en Castilla y León, hayan recuperado su derecho a voto con independencia de que tengan modificada, o no, su capacidad jurídica.

La mayoría de ellos acudirán a las urnas por primera vez este año al haberse extendido cuando cumplieron 18 años la patria potestad, lo que les incapacitaba como persona jurídica para ejercer su derecho a voto. Solo 450 habían obtenido ya con anterioridad, por petición expresa, este derecho universal. Y tras superar la evaluación de un juez. “Más de lo que podemos decir la mayoría de nosotros”, ha advertido el presidente de Plena Inclusión en Castilla y León, Juan Pablo Torres.

Sin embargo, esta reforma de la Ley, aprobada con el apoyo unánime del Congreso de los Diputados, se verá “enturbiada”, según Torres, por una directriz de la Junta Electoral Central. El órgano superior de la Administración Electoral ha dado potestad a los apoderados e interventores de los partido políticos para elaborar una lista con quienes consideren que no ejerzan su derecho a voto de forma plenamente consciente, libre y voluntaria. No especifica en base a qué criterios. Tampoco qué se hará con esa lista.

Para el presidente de Plena Inclusión en la Comunidad esta decisión entierra el “espíritu” de la reforma y abre la puerta a la arbitrariedad. En este punto Torres se pregunta qué pasaría si el físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico Stephen Hawking acudiera a un colegio electoral y nadie lo reconociera. “¿Qué le diría a una persona que casi ni se mueve?”, cuestiona. “Usted no tiene capacitar para votar”, vaticina como respuesta. “No se ha pensado lo suficientemente bien por parte de la Junta Electoral”, sentencia.

Próximo objetivo: elecciones fáciles de entender

Pese a que podrán ejercer su derecho a voto en los próximos comicios, desde el Foro de las Personas con Discapacidad Intelectual de Plena Inclusión advierten que ni el proceso, ni los programas ni los colegios electorales son “fáciles” de entender. Y no solo para las personas con discapacidad, apunta María del Mar Cano, sino “para todos”.

Elevan, por ello, sus reivindicaciones a los partidos políticos para que adapten sus programas electorales a lectura fácil e incorporen en sus candidaturas a personas con discapacidad intelectual. A sus familias, para que les faciliten información con la que poder decidir su voto. Y a la sociedad en general, para que sea cómplice y favorezca su participación en los comicios.

Las dificultes para participar activamente en la vida pública, advierte Cano, se extienden más allá de las convocatorias electorales. Existen “problemas”, denuncia, para acceder a determinados programas de salud, a servicios como el 1-1-2 o a la información y trámites de las páginas web de la Administración general y local.