Castilla y León despide 2020 con 28.832 parados más. Lo que supone un incremento del 20,6 por ciento, según las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El número de desempleados se eleva hasta los 168.706, tras un mes de diciembre en el que la Comunidad ha liderado la pérdida de empleo con una caída del tres por ciento frente al 0,9 de la media nacional.

Los últimos tres meses del pasado año han sido “nefastos”, en palabras del viceconsejero de Empleo y Diálogo Social de la Junta de Castilla y León, David Castaño, quien ha reseñado las diferencias entre aquellas provincias donde la evolución de la pandemia ha permitido “aliviar” durante “más tiempo” las restricciones y las que, a día de hoy, se mantienen en el Nivel 4 de alerta. En estas primeras, el mercado de trabajo ha experimentado un “mejor” comportamiento.

Más de 5.000 personas se incorporaron a las listas de búsqueda de empleo el último mes del año. Una cifra “muy negativa”, según Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Castilla y León, como culminación a un año que “podría haber sido peor”.

Coinciden patronal de empresarios y sindicatos en que los ERTEs, una fórmula a la que permanecen acogidos aún 34.695 trabajadores en la Comunidad, ha actuado como sostén y ha evitado una mayor destrucción de empleos. Por lo que urgen a su prórroga más allá del 31 de enero, un llamamiento al que se ha sumado también la Junta.

Valladolid es, con 8.014, la provincia que acapara mayor número de trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo al cierre de un 2020 en el que el número de parados se ha incrementado en más de 6.800 dejando, así, la cifra total de desempleados en 36.002.

Al margen de las consecuencias del COVID-19, que se reflejan en los datos, Comisiones Obreras ha denunciado una práctica que, aseguran, se viene produciendo en los últimos años al llegar el mes de diciembre: el despido de trabajadores del sector de la construcción. Este año, alrededor de 1.200. Una práctica “ilegal” que, según Fraile, debería perseguir la Inspección de Trabajo “con mayor insistencia” y de la que “se aprovechan” durante las vacaciones de Navidad “para no pagarles durante estos días”.