Castilla y León traslada a la UE el perjuicio para el campo de la inclusión del lobo en el Lespre

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha aportado como datos contrastados el hecho de que la mayor densidad de lobos de España y una de las mayores densidades de lobo del mundo se encuentran en las reservas regionales de caza de la Sierra de la Culebra, Riaño y Fuentes Carrionas, donde se cazaban más de la mitad del cupo de lobos de toda Castilla y León.

Sobre los ataques de lobos a la ganadería, en 2019 fueron al norte del Duero -donde se concentra algo más del 80 por ciento de la población y se controlaban los daños con la caza-, 450 ataques comunicados; mientras que al sur del Duero, donde no es posible el control de daños con la caza, con algo menos del 20 por ciento de la población de lobos, el número de ataques fue de 2.130. Régimen del Sur que ahora el Gobierno de España ha trasladado al Norte.

El consejero ha comunicado al comisario europeo que se ha ignorado totalmente la opinión de las comunidades autónomas que tienen que gestionar esas poblaciones, así como la opinión de todas las organizaciones profesionales agrarias y de la inmensa mayoría de ganaderos, de los colegios profesionales de ingenieros forestales, ingenieros de montes, ingenieros agrónomos, y veterinarios, etc.

Gestión de las CCAA acorde a la directiva Directiva Hábitats de la UE y al Convenio de Berna

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha destacado también que la gestión del lobo ibérico que se estaba desarrollando estaba en consonancia con el marco legal establecido por la Directiva Hábitats de la Unión Europea y el Convenio de Berna, que reconocen la diversidad de situaciones de la especie en las diferentes regiones europeas no como un problema, sino como una oportunidad para una gestión adaptada a las singularidades locales.

En consonancia con el Parlamento Europeo

El consejero de Castilla y León ha aludido también en su argumentación al ‘Plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía’, elaborado por el Parlamento Europeo en 2017, donde se recoge que “mediante enfoques flexibles que tienen en cuenta las circunstancias nacionales específicas se esté contribuyendo a la reducción y la eliminación progresiva de conflictos y problemas innecesarios surgidos entre la protección de la naturaleza y algunas actividades socioeconómicas, así como a abordar los desafíos prácticos derivados de la aplicación de los anexos de dichas directivas”.