Vivienda y empleo precario: los motores de una exclusión social que se cronifica en Castilla y León

La exclusión social se ha cronificado en Castilla y León, donde ya afecta a 352.000 personas, una cifra que equivale a la población de la provincia de Burgos. Esta es la principal conclusión que ha presentado Belén Palomar, representante de Cáritas Segovia, sobre el nuevo Informe FOESSA 2025, un macrodiagnóstico sobre la realidad social de España en el que han participado más de 140 investigadores y 51 universidades.

Vivienda, un "derecho fake"

El informe señala directamente a la vivienda y el empleo como los dos principales motores de la exclusión en la comunidad. Según el estudio, uno de cada cinco hogares de Castilla y León sufre exclusión residencial. Belén Palomar ha sido tajante al afirmar que "el derecho a la vivienda constitucionalmente es un derecho fake, porque es un derecho no satisfecho". Para la representante de Cáritas, el modelo actual favorece la especulación con segundas residencias o viviendas como inversión.

El derecho a la vivienda constitucionalmente es un derecho "fake""

Belén Palomar

Representante de Cáritas en Segovia

Esta problemática se vive con especial dureza en provincias como Segovia. Desde Cáritas explican los "dolores de cabeza y del alma" que enfrentan, ya que a menudo disponen de capacidad económica para ayudar a las familias pero no encuentran alquileres a un precio razonable, con costes que alcanzan los "800, 1.000 o 1.200 euros". A esto se suma la falta de vivienda disponible o el rechazo de los propietarios a alquilar por "miedos" y "bulos". Actualmente, la entidad atiende a más de 200 personas con este problema en Segovia.

Un mercado laboral precario

La precariedad laboral es la normalidad ahora mismo""

Belén Palomar

Representante de Cáritas en Segovia

El otro gran eje de la desigualdad es el empleo. El informe revela una realidad paradójica: aunque el empleo se recupera, "el bolsillo y la integración plena no lo están notando". Palomar ha afirmado que "la precariedad laboral es la normalidad ahora mismo", una situación que afecta con especial dureza a los jóvenes, uno de los colectivos más castigados por la exclusión.

La factura de la salud mental

El estudio desmonta el mito de la inacción, ya que "tres de cada cuatro personas en exclusión se están movilizando, están buscando trabajo, están haciendo formación o están pidiendo orientación". Desde Cáritas también desmienten rotundamente falsos rumores como que a la gente por llegar a España le dan 1.000 euros. "Esas cosas no existen", ha sentenciado Palomar.

Para Cáritas, este informe debe ser "un elemento de reflexión para tener propuestas de avance hacia una sociedad mejor". Palomar ha hecho un llamamiento a la acción colectiva para transformar el modelo de sociedad, poniendo a las personas y la justicia social en el centro. Finalmente, ha instado a la ciudadanía a ser parte activa del cambio a través de su participación y a pasar "de un estado de bienestar a un estado de bien cuidar al otro".

El informe FOESSA también pone el foco en la dimensión sanitaria y la salud mental. En Castilla y León, más de 260.000 personas se ven obligadas a renunciar a medicamentos, prótesis o tratamientos por motivos económicos. Los problemas de salud mental, indica el estudio, complican a su vez el acceso o el mantenimiento del trabajo y deterioran las relaciones sociales, creando "una rueda que va tirando piezas de la vida de las personas".