La situación en las residencias dependientes de la Junta en Salamanca preocupa a los profesionales y denuncian un descontrol por parte de las autoridades en torno al control de los contactos de los residentes. En los últimos días se han dado casos positivos entre los usuarios y profesionales del centro de mayores San Juan de Sahagún. Manuel González de Comisiones Obreras explica para Cope Salamanca que en algunos casos ha habido un retraso de hasta siete días para realizar un test a un contacto estrecho de un positivo. Esto no solo repercute a las personas residentes y a los profesionales de los centros sino que afecta, en cierto modo, a toda la sociedad. Si una persona no sabe que es positiva y sigue haciendo una vida normal puede contagiar a sus contactos, por lo que afecta a todos.

Los equipos de protección son vitales para evitar la expansión, en la primera ola ya falleció un trabajador y dos terminaron en la UCI. Ahora mismo hay material para cinco semanas, González explica que ahora mismo hay provisiones para cinco semanas, pero que si existe un desconcierto en cuanto a la disponibilidad en determinados centros debido a la aparición de los rebrotes y casos vinculados a ellos.

Actualmente las dos residencias están cerradas para las visitas, la de minusválidos presenta un caso asintomático y la de mayores tiene dos asintomáticos. En la residencia de minusválidos de Béjar, no hay casos positivos ni aislados por lo que permite las visitas con cita previa, limitadas a una persona y a una hora por semana.

POSTURA DE COMISIONES OBRERAS

Para CCOO es inadmisible que a estas alturas la Administración Autonómica, a través de la Consejería de Sanidad y su Servicio Territorial, no tenga claros sus propios protocolos a seguir con los trabajadores en grave riesgo de contagio por exposición directa. Hace una semana ya que CCOO ha elevado estos problemas a la Dirección General de la Función Pública exigiendo coordinación, explicaciones y transparencia en la gestión sin que por el momento haya contestado ni parezca preocupada por atender a corto plazo los problemas y los riesgos para la salud de su personal ni de los usuarios de centros de Servicios Sociales.

Fruto de éste despropósito, los trabajadores expuestos al COVID-19 por razón de su trabajo en centros asistenciales quedan totalmente desprotegidos por culpa de la burocracia de la Administración y por la priorización del beneficio empresarial, siempre primando sobre la salud de las personas. Otro problema que acarrea graves riesgos es el retraso de hasta 5 días, incluso más, en comunicar los resultados de las pruebas PCR hechas a usuarios, algo que genera un problema importante en la organización y la vida diaria de los centros.