El acuerdo PP-Vox de 2022 en Castilla y León: las claves que marcan la nueva negociación tras el 15 de marzo

A la vista de las negociaciones para formar gobierno tras las últimas elecciones autonómicas, el documento del acuerdo de legislatura que firmaron PP y Vox en Castilla y León el 10 de marzo de 2022 se ha convertido en el posible punto de partida para el diálogo. Aquel pacto estableció un gobierno de coalición en el que la presidencia y siete de las diez consejerías recaían en el Partido Popular, mientras que Vox asumía la vicepresidencia.

Ejes económicos y desarrollo rural

El acuerdo incluye una Ley de Desarrollo y Competitividad Rural para apoyar la actividad productiva y garantizar los servicios en el campo. Prioriza la creación de empleo estable y de calidad y el fortalecimiento del tejido económico, con especial atención a Pymes, empresas familiares y autónomos. Además, el pacto recoge una apuesta por la reindustrialización y el aprovechamiento de recursos propios a través de rebajas fiscales, digitalización y acceso a financiación.

En el documento, ambas formaciones se comprometen a instar al Gobierno y a Europa a "proteger el producto del campo y de la industria, en contra de la competencia desleal del producto extracomunitario". El texto también recoge el apoyo a las explotaciones mineras existentes y la exigencia de revertir "una política energética que ha perjudicado a las familias y reducido la competitividad de las empresas".

Familia y servicios públicos

El pacto contempla la aprobación de una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar para proteger a las víctimas, con especial énfasis en menores, mayores, mujeres y personas con discapacidad. Se compromete también a garantizar una sanidad pública de calidad, reforzando las inversiones, y a luchar contra la pobreza y la exclusión social.

El documento sitúa como una cuestión prioritaria el apoyo a las familias, a las que considera la "institución básica de la sociedad". En este sentido, el acuerdo recoge el compromiso de "Apoyo a las familias, a la natalidad y a la lucha contra la despoblación, como centro de las políticas públicas", que se materializaría con ayudas directas e incentivos fiscales progresivos.

En materia de educación, el texto defiende un modelo "basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad". Propone exigir una EBAU única en todo el territorio nacional, garantizar la gratuidad en la enseñanza de cero a tres años y la libertad en la elección de centros por parte de los padres.

Unidad, territorio e instituciones

El acuerdo manifiesta el objetivo de "vigilar y defender la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de Castilla y León". Como parte de sus ejes de gobierno, el pacto también se compromete a "Reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles".

Finalmente, el acuerdo programático incluye una "reducción significativa del gasto institucional superfluo", la demanda de una financiación autonómica justa para la comunidad y la defensa de la propiedad privada frente a la ocupación. También se aboga por una inmigración ordenada que, "desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León".