La Asociación de Comarcas Mineras (Acom) criticó este viernes y la “escasa ejecución de los planes mineros” de las últimas décadas después de que el Tribunal de Cuentas haya detectado en su informe de fiscalización irregularidades en la gestión de cerca de 1.800 millones de euros en ayudas a la reactivación de las comarcas mineras desde 2006 a 2017. Según explicó en Oviedo el presidente de Acom y alcalde de Villablino, Mario Rivas, “las ayudas no llegaron para poder gestionarlas”. “Aun así, lo poco que llegó, justamente se ha empleado para dignificar nuestros los con la dotación de unos servicios básicos y actuaciones de mejora en infraestructuras, saneamientos, aceras o depuradoras”, aseguró el representante de los municipios mineros.

Rivas ha subrayado que en otros municipios esas obras y servicios se han financiado con fondos propios de las comunidades autónomas en lugar de con fondos mineros. Igualmente, el presidente de Acom coincidió con el Tribunal de Cuentas al apreciar una falta de planificación estratégica en las actuaciones y remarcó que la asociación ya colabora con el Ministerio para la Transición Ecológica y las comunidades autónomas para “planificar y redirigir la gestión de los fondos hacia nuevos modelos de gestión estratégica territorial que garanticen una mejor dinamización de las economías locales, tanto en términos de desarrollo sostenible como en términos de creación de empleo”.

Con es objetivo en mente, la idea que propone Acom pasa por elaborar planes estratégicos comarcales que impliquen a todos los agentes sociales del territorio y que definan “criterios y objetivos de planificación estratégica” en base a indicadores estadísticos “homogéneos, comparables y adecuados a la realidad municipal” que ayuden a realizar el seguimiento del impacto socioeconómico en los territorios por parte de un observatorio de datos.

Además, Rivas aprovechó que el informe del Tribunal de Cuentas señala una falta de representación en las mesas de decisión como uno de los problemas en la gestión de estos fondos para reclamar que “los municipios han de estar presentes en los órganos de decisión como ente territorial reconocido constitucionalmente y directamente afectado en la aplicación de los planes”.