El Tribunal Supremo confirma el nombramiento de Mario Iceta como comisario pontificio de los monasterios de Belorado y Derio
En una providencia inadmite el recurso de la exabadesa, Laura García Viedma, y confirma que el arzobispo de Burgos ostenta la representación legal de las comunidades
El Juzgado ha desestimado la petición de prejudicialidad pretendida por las exreligiosas para frenar el desahucio
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Nuevo varapalo judicial a las monjas cismáticas de Belorado. El Tribunal Supremo confirma la validez del nombramiento de Mario Iceta, arzobispo de Burgos, como Comisario Pontificio, y por lo tanto, le reconoce el poder de representación legal sobre los monasterios de Belorado y de Derio.
El origen del cisma de Belorado
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal inadmite el recurso presentado por las ex monjas de Belorado, con Laura García Viedma a la cabeza, que pretendían constituirse en asociaciones civiles. Con esta inadmisión, se cierra forma definitiva la vía administrativa-contenciosa.
nuevo varapalo judicial a las cismáticas
En el recurso de casación inadmitido las ex monjascentraban su argumentario en combatir dos decisiones administrativas desfavorables:
- La denegación de la inscripción por transformación de las entidades Monasterio de Santa Clara de Derio y Monasterio de Santa Clara de Belorado en el Registro Nacional de Asociaciones.
- La designación en el Registro de Entidades Religiosas de un Comisario Pontificio como representante legal de las entidades religiosas Monasterio de Santa Clara de Derio y Monasterio de Santa Clara de Belorado.
Al inadmitir el recurso, el Tribunal Supremo ratifica la postura de la Iglesia y del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, sobre la titularidad y la gestión de los bienes de las comunidades.
NO SE VULNeRARON DERECHOS FUNDAMENTALES
El Tribunal Supremo tampoco considera que se haya vulnerado del derecho a la libertad religiosa de las ex monjas. Según la Sala, la sentencia previa ya había rechazado que las infracciones alegadas pudieran ser objeto del procedimiento especial de protección de derechos fundamentales.