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Medio centenar de personas se concentra frente a Aspanias para exigir el abono de los salarios pendientes

Los comités de empresa consideran que la Junta y el Gobierno deberían intervenir el centro porque el futuro de las fundaciones está “en entredicho"

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ICALBurgos

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 09:23

Medio centenar de personas se concentró hoy frente a la residencia de ancianos de Aspanias, situada en Fuentecillas, para exigir a la empresa que se abonen a los trabajadores los “salarios pendientes”, y para denunciar los “graves problemas que afronta la plantilla”. Esta movilización fue convocada por los comités de empresa de Fundación CISA y Aspanias, para acabar con la “incertidumbre” que sufre toda la plantilla.

“Deben una mensualidad a toda la plantilla, exigimos que esa situación finalice y que se dé información y transparencia”, señaló en declaraciones a la Agencia Ical el delegado de UGT y representante legal de la plantilla, Rafael Lacalle. Asimismo, los sindicatos también reclamaron que haya “mejoras en el servicio”, en relación a las condiciones de trabajo, especialmente con la situación actual por la pandemia del COVID-19.

El portavoz del comité de empresa adelantó además que ayer recibieron una respuesta por parte de la empresa a la que califican de “cínica”. “A los miembros de los comités de empresa nos envían un correo diciendo que la mensualidad que nos deben nos las van a pagar en seis meses prorrateada, desde septiembre hasta marzo, y dos minutos después envían un correo a toda la plantilla diciendo que el comité de empresa está informado. La plantilla podría llegar a entender que eso está pactado cuando en absoluto es así”, explicó.

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Al respecto, recordó que hay trabajadores “al límite”, a lo que se une la “sensación de incertidumbre sobre el futuro de Aspanias”, ya que desconocen si Fundación CISA y Fundación Aspanias van a poder seguir existiendo tal y como las conocen ahora.

Intervención de la Administración

Los comités exigen también la intervención de la Junta de Castilla y León , especialmente de las Consejerías de Familia y Empleo y el Protectorado de Fundaciones de Castilla y León, así como del Gobierno . “Entendemos que las administraciones públicas no pueden desentenderse de un servicio público, que ellos están financiando. La Ley de Fundaciones de Castilla y León y de ámbito estatal dejan claro que las administraciones pueden intervenir si el futuro de las fundaciones está en entredicho, si los gestores ponen en peligro su continuidad o se desvían de los fines para los que fueron creadas, y entendemos que el primer caso es claro”, subrayó Lacalle. Por ello, con esta movilización buscan dar un “toque de atención” tanto a la empresa como a las administraciones públicas

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