La investigación del caso Ábalos salpica a Burgos por una adjudicación en la A-12

La Guardia Civil ha pedido documentación sobre una obra de conservación en el tramo riojano-burgalés de la autovía A-12, dentro de la investigación que afecta al exministro Ábalos y a su entorno. El juez del Tribunal Supremo que dirige el caso ha ordenado a la UCO que recopile información también de otras adjudicaciones en varias provincias, tras detectar indicios de posibles irregularidades.

Este viernes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha accedido a varios organismos y administraciones, entre ellos la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, para clonar el correo corporativo de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido, investigado por presuntas adjudicaciones irregulares vinculadas a una trama de mordidas.

Además de la sede socialista, la operación se ha extendido al Ministerio de Transportes, a petición del Tribunal Supremo, para clonar también el correo corporativo del exministro José Luis Ábalos, y a los organismos públicos ADIF y la Dirección General de Carreteras, donde el juez ha requerido diversa documentación relativa a contratos de obras públicas. 

Adjudicaciones bajo lupa: el caso llega a Burgos  

En el caso concreto de Burgos, la investigación judicial afecta a una adjudicación sobre la conservación de carreteras en la A-12, en el tramo comprendido entre La Rioja y Burgos. El juez Leopoldo Puente, encargado de la causa en el Alto Tribunal, ha incluido esta actuación entre los contratos sospechosos que deben ser analizados por la UCO.

La A-12, también conocida como Autovía del Camino de Santiago, es una infraestructura de vital importancia para las comunicaciones entre Burgos, La Rioja y Navarra. Aunque la adjudicación cuestionada no detalla aún si corresponde al lado burgalés o riojano del trazado, el hecho de que figure expresamente en el auto judicial implica que la provincia de Burgos entra directamente en el foco de la investigación.

La Guardia Civil ha solicitado todos los documentos técnicos y administrativos relacionados con dicha actuación a la Dirección General de Carreteras, dentro de un paquete de requerimientos que incluye otras obras en Sevilla, Asturias, Jaén y Teruel. 

El juez rechaza registrar Ferraz, pero imputa a Santos Cerdán  

Aunque las entradas de los agentes en los distintos organismos no han sido registros como tal, fuentes próximas a la investigación han confirmado que se trata de requerimientos de información con el objetivo de acceder a comunicaciones clave en el entramado de adjudicaciones. Por ello, el juez ha ordenado al PSOE que facilite el acceso y clonado de todas las cuentas corporativas utilizadas exclusivamente por Santos Cerdán, ya que se sospecha que empleó esos canales para coordinar comunicaciones con Koldo García, el exasesor de Ábalos también implicado en la causa.

En su último auto, el magistrado ha imputado formalmente a Santos Cerdán y ha ordenado una investigación de su patrimonio, además de extender la causa a cinco empresarios por la posible entrega de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos.

Por su parte, el Ministerio de Transportes ha trasladado su "máxima disposición a colaborar" con la justicia. Desde el departamento que ahora dirige Óscar Puente, se ha facilitado el acceso a la cuenta de su antecesor, Ábalos, tal y como reclamaba el juez.

Además, el juez ha encontrado indicios “consistentes” de implicación por parte de la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, aunque al no tener ambos la condición de aforados, ha remitido el caso a la Audiencia Nacional para que valore si procede abrir una investigación contra ellos.