Alcaldes de siete municipios de la provincia de Ciudad Real se han unido para exigir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que aumente la cuantía destinada a las plazas subvencionadas de las residencias de personas mayores de titularidad municipal.

Según explican los alcaldes y concejales de Abenójar, Almadén, Bolaños de Calatrava, Granátula de Calatrava, Moral de Calatrava, Porzuna y Puebla de Don Rodrigo, desde el año 2016 el dinero que los Ayuntamientos reciben del Gobierno Regional por las plazas subvencionadas “no se ha incrementado ni un céntimo, mientras que por el contrario, el nivel de vida y los costes han subido un 17%”.

Los afectados han señalado que “la situación está empezando a ser insostenible y esto está provocando la asfixia de muchas empresas que gestionan esas residencias”. En este sentido, han apuntado que “si no se busca una solución, esta situación podría derivar a la larga en el cierre de algunas de estas residencias y, por tanto, en la consiguiente eliminación de puestos de trabajo y en la privación de un servicio necesario y básico a las personas mayores que residen en nuestros pueblos, algo que ni se merecen ni podemos permitir”.

Por ello, ya se han mantenido reuniones y contactos con algunos responsables políticos del Gobierno de Castilla-La Mancha, “pero de momento, no hemos obtenido respuesta positiva, por lo que vamos a pedir ser recibidos por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, para exponerle la situación y los problemas derivados de ella”.

Hasta ahora son siete los municipios ciudadrealeños que, tras diferentes reuniones y contactos, han decidido dar el paso de denunciar públicamente esta situación y exigir medidas urgentes. Desde esta plataforma de alcaldes se seguirá contactando con el resto de municipios de Castilla-La Mancha que sufren esta situación “para poder luchar con más fuerza por los intereses de nuestras personas mayores y de las empresas que apuestan por prestar estos servicios”.

Asimismo, indican que “este movimiento tiene como objetivo la defensa de unos servicios que se consideran imprescindibles en el medio rural como son las residencias de mayores, unas infraestructuras que además de ofrecer los cuidados que necesitan las personas mayores sin que tengan que salir de su entorno, son importantes yacimientos de empleo en los pueblos”.