Así fue el método que empleó una pareja para sustraer 65.000 euros a su casero: cuatro años de prisión

Lo que empezó como un acuerdo de convivencia acabó en una estafa de más de 65.000 euros. La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a una mujer y a un hombre por apropiarse de dinero y objetos del propietario de la vivienda en la que vivían los tres juntos. La víctima, un hombre de edad avanzada, accedió a compartir casa para ayudarse mutuamente. Sin embargo, durante una larga estancia hospitalaria, fue despojado de parte de sus bienes por quienes se habían instalado con él.

La sentencia, resultado de un acuerdo entre las partes, ha fijado penas muy inferiores a las solicitadas inicialmente: dos años y tres meses de prisión para él y un año y diez meses para ella, además de multas económicas. Inicialmente, la Fiscalía pedía más de siete años de cárcel para cada uno por delitos de hurto, estafa y falsedad documental.

 Cómo lo hicieron  

Según recoge el fallo, mientras la víctima estaba ingresada, el acusado y su pareja accedieron a su talonario de cheques y llegaron a falsificar firmas para cobrarse 53.000 euros, además de utilizar su tarjeta bancaria para retirar otros 11.500 euros en cajeros. También se llevaron objetos del domicilio valorados en unos 2.000 euros.

El hombre había autorizado un uso puntual de los cheques para comprar material ortopédico, pero el permiso fue aprovechado para vaciar sus cuentas de forma sistemática.

 Atenuantes y reparación parcial  

La sentencia ha aplicado dos atenuantes: por un lado, las dilaciones indebidas del proceso, ya que los hechos ocurrieron en 2016; por otro, la reparación parcial del daño, ya que antes del juicio se depositaron 3.000 euros como compensación.

Además de las penas de prisión y las multas, los acusados deberán indemnizar a los herederos del perjudicado, que falleció meses después de los hechos.

 El banco, en el punto de mira  

La acusación particular ha indicado que se reserva acciones legales contra la entidad bancaria, al considerar que no actuó con la diligencia debida para evitar el fraude. A su juicio, el banco debió detectar las irregularidades en el cobro de los cheques y el uso de la tarjeta.

Con este fallo, la Audiencia Provincial pone fin a un caso que, más allá del delito, deja una amarga lección sobre la vulnerabilidad de muchas personas mayores cuando confían en los demás para compartir su día a día.