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Una tinerfeña denuncia que será desahuciada a pesar de vivir legalmente en su casa

El Instituto Canario de la Vivienda ha pedido al juzgado que paralice el desalojo

Suceso

Agencia EFETenerife

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 13:43

Una mujer ha denunciado que mañana será desahuciada de la vivienda en la que vive en San Isidro a pesar de que, afirma, el Gobierno de Canarias le ha acreditado que ella no ocupa de manera ilegal la casa de protección oficial y que está al corriente de los pagos del alquiler.

Fuentes del Instituto Canario de la Vivienda han informado a Efe de que el Gobierno le está prestando ayuda a esta vecina, ya que efectivamente tiene razón en su queja, por lo que ayer se ha enviado al juzgado la petición de paralización del desahucio.

Según un comunicado de la asociación de vecinos Arguayoda-Las Acacias, un juzgado de Granadilla considera ocupa a esta mujer, que reside en la vivienda con un hijo de 12 años, por, según la afectada, una confusión en la documentación sobre la propiedad.

La asociación de vecinos recuerda que se trata de una de las 66 viviendas de protección oficial y cuyos adjudicatarios han denunciado que las casas han acabado en manos de otras personas que dicen ser las nuevas propietarias tras ser vendidas en varias ocasiones.

Los vecinos protagonizaron hace unos meses varios movilizaciones y el ICAVI le abrió un expediente sancionador a la empresa que construyó las casas por incumplir el plan de vivienda 2009-2009, pues se acogió al mismo para obtener una subvención a cambio de declarar a las 66 viviendas de Las Acacias como de protección oficial y promoción privada.

Dicho plan estipula que la venta o transmisión de este tipo de viviendas, aunque sean de promoción privada, deben contar con la autorización previa del Gobierno de Canarias, autorización que nunca se ha concedido, según informó en su momento el ICAVI.

Además la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda no descartó la presentación de una demanda civil para declarar la nulidad de todas las ventas a las que se han sometido estas casas.

La asociación vecinal indica que a pesar del apoyo oficial, los vecinos, agrupados en torno a la Plataforma Montaña Clara, siguen afrontando procedimientos judiciales de desahucio.

Esta mujer ya sufrió en 2019 un intento de desahucio, por usurpación de vivienda, y, según la asociación, en ese momento ganó el juicio por lo que no entiende "este calvario judicial cuando ya es público y notorio que somos las víctimas de todas estas irregularidades".

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