Hace más de 15 años, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, decidió convertir la empresa enteramente pública de aguas, en una mixta, con la entrada de una empresa privada. En ese momento el Gobierno municipal presidido por Miguel Zerolo (Coalición Canaria), decidió sacar a concurso la gestión del agua en la ciudad, contrato con el que se hizo Sacyr-Vallehermoso después de presentar una oferta de 60 millones, en donde el consistorio mantenía únicamente el 5% de las acciones de la empresa. En concreto en diciembre de 2005 se adjudicó a la empresa Sacyr la gestión del ciclo integral del agua en Santa Cruz de Tenerife durante 25 años, a cambio del abono de algo más de 60 millones de euros por parte de la concesionaria, que incluían la adquisición de 212 acciones de EMMASA.

Sin embargo, una acción que podría considerarse beneficiosa para la capital, se ha convertido –por el momento- en un quebradero para el Ayuntamiento de Santa Cruz.

En los micrófonos de COPE Canarias ha estado José Pérez Ventura, redactor de la denuncia que ha interpuesto el concejal de Unidas-Podemos, Ramón Trujillo, y que ha supuesto la imputación de Miguel Zerolo. Ventura ha explicado que según los datos que constan en la denuncia se trataría de un “negocio redondo”, en tanto en cuanto, desde que se acordara en una reunión del consejo de Administración de EMMASA –en junio de 2007- la empresa le fue devolviendo ese pago del precio a Sacyr a razón de “2.360.000 euros anuales, más intereses”. Así a pesar de que el consistorio se sienta en el consejo de Administración, durante más de 10 años, no fue hasta que hubo un cambio de gobierno municipal, y comienza la etapa de Patricia Hernández (PSOE), cuando se dio la orden de paralizar estos pagos..

En ese momento el ayuntamiento había devuelto a Sacyr algo más de 26 millones de euros. Por otro lado, explica que se pactó asimismo –sin ningún soporte documental- puesto que “no estaba ni el pliego, ni en el contrato, que EMMASA pagase un interés del 5.05% a Sacyr”.

SIN CONTROL NI INFORMES

Otra de las cuestiones que más interés ha suscitado en los denunciantes, el hecho de cómo fue posible que durante tanto tiempo “nadie se percatase de lo que estaba ocurriendo”. Así explica Ventura que desde el acuerdo inicial se hizo referencia a que se iban a solicitar informes a la Secretaría General y a la Inspección, algo que finalmente nunca se hizo, si no “que se salvó esta cuestión con un informe de complacencia –en la terminología del Supremo- de un profesor de la Universidad-“. Por otro lado, asegura Ventura que resulta difícilmente creíble que “nadie se percatase en el ayuntamiento de lo que ocurría, ni técnicos, ni funcionarios, y que el expediente del canón lo llevase un funcionario que fue condenado en el Caso de Las Teresitas”. Recuerda que la compañía estuvo intervenida por parte del consistorio bastante tiempo, y que se ha conseguido

“CUANTITATIVAMENTE ES PEOR QUE LAS TERESITAS”

El redactor de la denuncia cree que cuantitativamente estos hechos “son peores que los de Las Teresitas, porque se permitió que EMMASA devolviese casi 60 millones de euros, en los 25 años que habría durado la concesión”. Asimismo, remarca que el consistorio se percató de la situación en mayo del 2019 –apenas un mes antes de las elecciones que terminarían con Hernández como alcaldesa- a pesar de que diversos cargos políticos se sentaban en el Consejo de Administración. Sin embargo, en enero de 2021 es Podemos quien decide acudir a la Fiscalía ante los indicios delictivos, y aunque relata que el “Ministerio Público ha actuado con diligencia, no sabíamos si iba a denunciar, por lo que decidimos hacer lo propio ante el Juzgado”. Finalmente, el pasado 14 de abril – un día antes de la prescripción de los delitos- la jueza determinaba el inicio de las diligencias de investigación.

Por último, cree necesario que el Ayuntamiento de Santa Cruz se persone como acusación popular en la causa abierta ahora –se encuentra aún en la fase de diligencias previas- en tanto en cuanto es la principal víctima, y cree que lo hará tras el comunicado de Bermúdez en donde aludía que “los servicios jurídicos decidirán si hacerlo”, justo después de que en la mañana del pasado viernes el concejal y denunciante de este caso, Ramón Trujillo, registrase una moción para que el consistorio se persone.