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TRIBUNALES

Antonio Doreste: “Tras el fin del estado de alarma los tribunales tienen ahora un papelón”

El presidente en funciones del TSJC cree que las limitaciones terminarán "si o si" en el Supremo

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Antonio HerreroSanta Cruz de Tenerife

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 11:28

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tendrá a partir de hoy la penúltima palabra sobre si el Gobierno de Canarias es competente o no para a partir del fin del estado de alarma para limitar derechos fundamentales. Antonio Doreste, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en funciones, ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, donde considera que “los tribunales superiores solo van a decidir si el gobierno regional es competente o no para poder limitar derechos fundamentales”.

Asimismo, cree que ahora los jueces “tienen un papelón” que no les hubiese correspondido si se hubiese legislado o se hubiese prorrogado el estado de alarma.

Así ha explicado que en todo caso, esta cuestión va a terminar en el Tribunal Supremo, “porque la decisión del TSJC es por así decirlo, intermedia, tanto si ratifica las medidas como si no, se recurrirá al Supremo quien al final tendrá la última palabra”.

“LOS JUECES NO ESTAMOS PARA GOBERNAR”

Una de las voces autorizadas sobre este asunto, y quien con su voto tendrá que apoyar o no las medidas de Ejecutivo de Pedro Sánchez, será César Tolosa, presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. En todo caso, Tolosa no ha podido ser más contundente. En una entrevista con Efe, ha señalado: “Los jueces no estamos para gobernar, esas decisiones corresponden a los poderes públicos”.

Sus alusiones no han parado ahí. Alertó del «déficit importante» que existe en la legislación sanitaria de urgencia y opina que el hecho de que los jueces deban dictaminar antes de su implantación qué medidas son las adecuadas «no es el mejor sistema».

Esta crítica se suma a que en su día realizó el máximo órgano consultivo del Estado, el Consejo de Estado que le recriminó al Ejecutivo que, más de un año después de haberse iniciado la pandemia, no cuente con un marco legal adecuado para que las comunidades autónomas puedan tomar medidas, más allá del estado de alarma sin verse envueltas en un embrollo judicial.


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