Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria han hecho un llamamiento este martes al Cabildo insular para que elimine una ampliación de su jornada laboral que les impuso hace nueve años y les abone al menos 15 millones de euros en horas extras acumuladas durante ese tiempo en cumplimiento de dos sentencias del Tribunal Supremo que, según aseguran, declaran ilegal la medida.

Ya que esa ampliación de jornada, por la que pasaron de trabajar 37,5 horas semanales a 40, vulnera varias leyes de ámbito estatal que son vinculantes para esos empleados, que, pese a todo, han debido esperar casi una década para, a través de sucesivas reclamaciones en los juzgados, lograr que les dieran la razón.

Así lo ha afirmado el abogado que ha representado al colectivo, Luis Miguel López, en la que ha definido como "una lucha que se ha alargado en el tiempo más de lo necesario", debido a que las autoridades de las que depende el Consorcio, participado entre Cabildo, Gobierno de Canarias y 19 ayuntamientos de Gran Canaria, "sabían que no estaban actuando correctamente, porque ya varios pronunciamientos judiciales lo habían confirmado antes".

De hecho, aunque las sentencias del Supremo que vienen a corroborar el planteamiento de los trabajadores son recientes, del 17 de junio de este año, "ya había otras dos previas que también eran firmes desde 2019 que declaraban, blanco sobre negro, que la jornada que se había impuesto era absolutamente ilegal", ha sostenido el letrado.

López ha asegurado que las administraciones competentes en la gestión del Consorcio, y en especial el Cabildo insular, con potestad para nombrar a sus responsables políticos directos, debieran haber dejado desde entonces sin efecto la cuestionada ampliación de jornada, pero no lo hicieron incluso a riesgo de incrementar los perjuicios que su proceder generaba a la ciudadanía.

Puesto que esta es, en última instancia, la principal víctima de la actuación del Cabildo, tanto porque supondrá "un considerable gasto para las arcas públicas en indemnizaciones" como porque implica dejar sin suficiente atención un servicio importante para la seguridad de la población como es el de los bomberos, "y más en una isla donde hemos vivido varias catástrofes por incendios en los últimos años", ha dicho.

Acorde a su planteamiento, el portavoz de los empleados del Consorcio, Pedro Gallego, ha opinado que el motivo que llevó a ampliar sus horas de trabajo fue el afán de ahorrar en personal, porque se crearon nuevos parques de bomberos en Gran Canaria pero se mantuvo la misma plantilla que había hasta entonces, formada por unos 200 efectivos que "son del todo insuficientes, ya que haría falta contar con 80 o 90 más para cubrir todas las necesidades".

En lugar de ello, se optó, no obstante, por suplir la carencia de personal incrementando la tarea de los empleados disponibles, "obligando a cada uno a hacer una media de 400 horas anuales de más en virtud de un supuesto acuerdo de ampliación de jornada que en realidad nunca se negoció sino que fue impuesto por la fuerza", ha declarado.

Ha añadido que, a partir de ahí, los trabajadores iniciaron "una larga lucha legal que se prolongó años y años, primero sin conseguir que nos dieran la razón pero lográndolo finalmente ahora, gracias al Tribunal Supremo".

Tanto Pedro Gallego como Luis Miguel López han matizado que, con todo, hasta el momento no han recibido noticia alguna del Cabildo, que esperaban se pusiera en contacto con ellos al hacerse públicas las sentencias más de dos semanas atrás, por lo que temen que "tampoco esta vez tengan voluntad de cumplir con la Justicia, aunque les haya negado la razón", ha avanzado el abogado.

Y, por ello, ha dicho querer hacer "un llamamiento a que cumplan de buen grado con las sentencias", pues disponen legalmente de un plazo de dos meses para hacerlo, advirtiendo de que, en caso contrario, "no quedará más remedio que entablar una nueva batalla en los tribunales", esta vez interponiendo una reclamación de ejecución de esos fallos judiciales.