Este martes, el Juzgado de Instrucción Nº4 de Las Palmas de Gran Canaria juzgará a María Eugenia Rodríguez Ortega, una mujer que, hasta 2019, ostentaba el cargo de cuidadora, y que, durante al menos 6 años, podría haberse aprovechado de esta situación para robar a la persona con deterioro cognitivo y problemas físicos que estaba a su cargo.

De esta forma, la encausada en unión a su pareja hicieron firmar a la presunta víctima un contrato con una entidad bancaria para la obtención de una tarjeta visa oro que luego usaron los encausados para realizar traspasos de efectivo a la cuenta que la persona con discapacidad tenía abierta en la entidad. De modo que, una vez ingresados los importes de dichos traspasos, los encausados procedían a extraer los mismos quedándose el dinero para sí.

En 4 movimientos bancarios los presuntos autores del delito se hicieron con más de 8.000 euros, dejando incluso en algunos momentos el saldo de la cuenta del afectado en negativo. Como en noviembre de 2018, cuando la cuenta tenía un saldo de -613,33 euros, a pesar de que el perjudicado cobraba una pensión superior a los 1.200 euros mensuales y apenas tenía gastos debido a su enfermedad y situación física que prácticamente le impedía deambular por sí mismo.

La cuidadora y su marido también solicitaron varias hipotecas y préstamos a nombre de la persona con discapacidad, poniendo como aval su vivienda de Las Palmas de Gran Canaria, dinero que extraían para su beneficio propio. Asimismo, domiciliaban pagos o compraban teléfonos móviles con la cuenta del afectado.

También procedieron a la compra de la vivienda de la persona a la que cuidaba por un precio inferior al que estaba tasada, supuestamente instando al afectado a que asegurase que había recibido esa cuantía a pesar de ser incierto.

María Eugenía Rodríguez trató de que la presunta víctima firmara un documento por el cual supuestamente la nombraba su tutora en caso de incapacidad y la autorizaba para que administrara como tal su patrimonio, con expresa exclusión de sus hijos, y para que lo representara ante todo tipo de organismos públicos y tomara decisiones médicas en su nombre.

Todos estos hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa, que tiene como pena 6 años de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 24 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros por del delito continuado de estafa. Así como la obligatoriedad de María Eugenia Rodríguez y su marido de indemnizar al afectado con 105.783,6 euros.