La justicia da la razón a los vecinos de Sargento Llagas por el ruido: "Una pareja con su bebé se tuvo que ir"

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendrá que pagar 39 mil euros entre 13 vecinos en la calle Sargento Llagas por la inactividad del consistorio a la hora de tomar medidas ante la denunciada situación de contaminación acústica que viven estas viviendas desde hace años. Son 3 mil euros por casa y el pago de las costas. Es la decisión que ha estipulado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Así lo contaba José Luis Pérez, abogado de los vecinos de este caso en “Herrera en COPE en Gran Canaria”. 

Desde 2018 estos vecinos decidieron interponer una denuncia a través de su abogado solicitando la adopción inmediata de algunas medidas contra los ruidos provocados por las terrazas de los establecimientos que se encuentran en la zona. “Pese a los requerimientos presentados con mediciones de ruido por ingenieros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento no actuó”, explica Jose Luis. Con estos documentos han conseguido certificar que los niveles de ruido que se producían en el horario nocturno sobrepasaban los sesenta y seis decibelios ante los cincuenta y cinco regulados.

EL PUNTO CLAVE

El asunto se puso serio ante un suceso determinante: “A un vecino le dio un ictus. No se ha probado que sea consecuencia directa pero estudios médicos apuntan que la contaminación acústica es un riesgo en la salud humana que, en algunos casos, puede desembocar en esto”, comenta Pérez. Ante este tipo de situaciones se unen para tratar de preservar la salud de todos.

El problema, manifiestan, no queda en el ruido propio de los establecimientos. Añaden la ocupación de la vía pública con mesas y sillas para originar un espacio de terraza en los locales y los ruidos que se producen por “los clientes que beben en la calle, con peleas en algunas ocasiones que no permiten descansar a estas personas”, añade el abogado.

Un hecho que ha perjudicado gravemente a una de estas familias que decidió abandonar su vivienda tras tener a su primer hijo ante la imposibilidad de hacer una vida normal en la vivienda. “La pareja cuando tuvieron al bebé estuvieron un tiempo sin vivir allí, pagando un alquiler porque el ruido convirtió sus vidas en un infierno”, expone José Luis Pérez.

Gestión insuficiente

Por su parte, el ayuntamiento realizó, en distintas ocasiones, inspecciones “realizadas por un técnico municipal durante la tarde”, detalla el colegiado, fuera del horario de mayor exposición de ruido que expusieron de numerosas formas los vecinos. Según el abogado, el consistorio se limitó a comprobar que en las terrazas de estos locales cumplía con el número de mesas y sillas permitidas, pasando por alto la medición acústica.

La sentencia describe como insuficiente la actuación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. “No se trataba de controlar esas otras cuestiones sino sobre el ruido y el consistorio se negó a realizar estudios”, manifiesta José Luis.

Los vecinos esperan ahora que tras la sentencia, se aplique la normativa vigente y se tomen medidas en estas terrazas. Según José Luis Pérez, “cuando hay más de un local que genera la problemática es imposible determinar la implicación de cada uno individualmente. Por eso se toma actuación con la institución pública para la gestión de competencias”.